El Ayuntamiento de Segovia utilizó en nueve ocasiones el procedimiento negociado sin publicidad para contratar obras y servicios durante el año pasado, la mitad del total de contratos formalizados en 2017, mientras que los otros nueve fueron abiertos aunque dos de ellos sujetos a regulación armonizada.
El ritmo de contratación, que había experimentado un fuerte impulso en 2016, cuando el consistorio segoviano formalizó un total de 24 contratos, 13 de ellos por procedimiento negociado sin publicidad, se frenó en cierta medida el año pasado, aunque hay que tener en cuenta que algunos de los procedimientos abiertos a lo largo de 2017 todavía están en marcha o se han formalizado en las primeros meses de 2018. En un caso, además, el de limpieza de edificios e instalaciones municipales, se inició en noviembre de 2016 y todavía no se ha licitado.
En 2015 fueron catorce los contratos formalizados, nueve de ellos por procedimiento negociado sin publicidad.
Tanto desde el Gobierno municipal socialista como desde la oposición son muy conscientes de que la entrada en vigor el próximo día 9 de la Ley de Contratación del Sector Público va a suponer un antes y un después en esta compleja materia que a lo largo de los últimos mandatos municipales ha sido también objeto de controversia política.
La nueva normativa, que supone la tardía traslación a España de dos directivas aprobadas por el Parlamento Europeo en 2014, introduce cambios relativos a la simplificación de los procedimientos, evitando cargas administrativas superfluas y que se alarguen en demasía los plazos pero también incide en la lucha contra la corrupción precisamente a través de la publicidad y la transparencia.
En este sentido, el procedimiento negociado sin publicidad desaparece cuando el criterio es la cuantía del contrato. Se mantiene pero ahora con la denominación de procedimiento con negociación y se introduce una nueva figura, para los de menor cuantía, el procedimiento abierto simplificado.
Desde el Partido Popular, la portavoz municipal, Raquel Fernández, que ya en su momento cuestionó algunas contrataciones llevadas a cabo sin publicidad, pone el acento “en el uso que se hace de la herramienta”, independientemente de los cambios que introduce la nueva Ley.
“Al final lo que importa es cómo utiliza el Ayuntamiento el procedimiento porque si siempre se invita a las mismas empresas para los mismos tipos de contrato, por ejemplo para obras, eso da pie a que entre ellas se pongan de acuerdo, como alguna vez hemos visto, que haya una especie de reparto de las inversiones”, afirma la líder del principal grupo de la oposición.
Por otro lado, Fernández recuerda que no son pocos los procedimientos negociados sin publicidad en los que hay una única oferta, a pesar de que la normativa todavía en vigor obliga a invitar a un mínimo de tres licitadores. Comenta, por ejemplo, el contrato del Taller municipal de Animación a la lectura, cuando sí hubo tres profesionales invitadas pero dos de ellas declinaron presentar oferta, de manera que continuó la persona responsable de este taller en los últimos contratos.
A lo largo de 2017, en siete de los nueve contratos formalizados en el Ayuntamiento de Segovia, tras seguirse el procedimiento negociado sin publicidad, sólo hubo una oferta. Además, en dos de ellas — para contratar los conciertos de Rosendo y David Bustamante con motivo de las fiestas de junio— el consistorio no indica en su portal de transparencia cuántas empresas fueron invitadas, y en otros dos contratos, de mantenimiento de servicios informáticos, sólo se invitó a una empresa, aunque parece lógico ya que se trataba de la suministradora de esos servicios.
MAYOR TRANSPARENCIA
Una de las críticas de la portavoz del Grupo Popular va dirigida también a la falta de transparencia en estos casos, ya que considera que el portal municipal debería indicar a qué empresas invita el Ayuntamiento para evitar precisamente las dudas y sospechas que estas situaciones generan entre la ciudadanía.
Críticas por ese uso del procedimiento negociado sin publicidad también han llegado desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en la contratación del servicio de asistencia técnica para la realización de diferentes trabajos en La Cárcel_Centro de Creación de Segovia.
LA CIFRA
2017 no fue un año de formalización de grandes contratos. El de mayor cuantía fue el del servicio de Ayuda a Domicilio, que supone un coste anual de 1,17 millones de euros y estará en vigor dos años, prorrogables por otros dos.
En este caso se invitó a tres empresas y a un solo autónomo, dejando fuera a otros autónomos segovianos que, en opinión del portavoz de la formación, Ángel Galindo, plantearon sus quejas, ya que parte de la programación de este centro municipal corre a cargo de una hermana del profesional técnico con quien finalmente se formalizó el contrato y que fue el único que presentó oferta.
Desde el equipo de Gobierno niegan la mayor y la propia alcaldesa, Clara Luquero, respondió airada a estas críticas e indicó que todos los procedimientos de contratación del Ayuntamiento se realizan conforme a la Ley y siguiendo criterios técnicos. “Quién sepa de alguna regularidad lo que tiene que hacer es denunciarla en los tribunales”, llegó a decir la regidora.
Por su parte, la concejala de Gobierno Interior y Personal, Marisa Delgado, aunque partidaria absoluta de la mayor transparencia, apunta que con la entrada en vigor de la nueva Ley hasta los contratos menores se publicarán en el portal de transparencia y la información será de tal calibre que considera puede llegar a ser contraproducente para la ciudadanía en general, porque será más difícil separar lo importante de otras cuestiones administrativas o técnicas con las que “cualquiera se puede volver loco”.
Recientemente, el PP ha registrado una petición para que los informes de valoración para la Mesa de Contratación los elaboren al menos dos técnicos en contratos de gran complejidad y cuantía como el de transporte urbano.
Fernández, además, señala que la nueva normativa señala que no participe el técnico que ha elaborado el pliego, algo que Delgado niega. La Ley sí recoge esa prohibición pero contempla excepciones en sus disposiciones adicionales.
