El expresidente de la Comunidad Ignacio González declarará hoy en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid como investigado por el presunto amaño de un contrato público del Canal de Isabel II en el que se adjudicó una web.
A González se le imputa como presunto responsable de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Junto a él, también ha sido citado el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria; el subdirector de Contratación del Canal, Miguel Ángel Casanueva; el administrador único de Imagen de Síntesis Digital, empresa que resultó beneficiada del contrato tras el supuesto amaño, y el propio Canal como persona jurídica.
Se atribuye el delito de cohecho a Salvador Victoria, que presidió el Canal Isabel II después que González, el de prevaricación a Casanueva y el de malversación a todos los querellados.
Relación con púnica
De esta forma, el expresidente madrileño, que salió de la cárcel de Soto del Real en noviembre del año pasado tras 202 días preso por presuntas corruptelas en el Canal, se enfrenta a una nueva causa judicial, aunque esta vez no será en la Audiencia Nacional, pues el Tribunal Supremo decidió devolver el procedimiento al juzgado ordinario de Madrid al entender que estaba dentro de su competencia.
La querella fue presentada por la agencia de comunicación y publicidad Take Away, que se presentó a un concurso de la empresa de aguas para realizar, entre otras, una web interactiva por un presupuesto de partida de 340.000 euros más IVA.
Sin embargo, perdió el contrato frente a Imagen de Síntesis Digital, que, siempre según la agencia de comunicación, habría ofertado una cifra menor a dicha cifra: 298.600 euros más IVA.
El contrato recogía que la oferta económica suponía el 70 por ciento de la puntuación. Por ello, desde Take Away reclaman que se concrete qué valoró el 30 por ciento restante para que la otra empresa fuera la adjudicataria del contrato pese a ofrecer unos 40.000 euros menos.
La empresa querellante aprecia que se adjudicó ilegalmente el contrato a Imagen de Síntesis Digital porque su verdadero fin era financiar las campañas publicitarias y de márketing que estaban realizando las empresas de Alejandro de Pedro, vinculadas a la trama Púnica, Eico y Madiva, para mejorar la imagen de González.
Precisamente, el anterior juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, ya subrayó en 2016 que Salvador Victoria ordenó pagar a De Pedro y que se realizaron traspasos de efectivo “por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid”.
