Saber actuar correctamente en cada momento, con pleno conocimiento de las leyes, siendo una administración pública no es fácil. Vecinos, visitantes, empresas, provee- dores… las instituciones están abiertas a reclamaciones procedentes de diferentes frentes y en ocasiones, para no sentirse desamparadas en su decisión, deciden recurrir al Consejo Consultivo de Castilla y León, un órgano de control externo que emite informes no vinculantes, pero que son seguidos ampliamente por las administraciones públicas, ya que garantizan los derechos tanto de las instituciones como de los ciudadanos.
Durante 2017, el Consultivo emitió 571 dictámenes para administraciones de toda Castilla y León, de los que 27 eran relativos a las consultas generadas desde la provincia de Segovia, el 4,73 por ciento del total regional. Estas 27 consultas realizadas por distintas instituciones y organismos suponían más de un millón de euros en reclamaciones de los vecinos, fundamentalmente por responsabilidad patrimonial, debido a fallos, deficiencias o daños en el funcionamiento de los servicios públicos.
La cifra: «Más de un millón de euros en reclamaciones a las administraciones públicas se solicitaba en el total de las consultas realizadas»
En este punto, el Ayuntamiento de Segovia ocupa el primer lugar, con diez dictámenes, nueve de ellos por asuntos de reclamación patrimonial. Tropezones con alcantarillas, daños en un inmueble a causa de las raíces de árboles plantados en la acera; daños en un accidente por mal estado de una calzada; daños por dos caídas a causa de desperfectos en pasos de peatones; un accidente de moto debido a un adoquín suelto; y caídas en diversas aceras fueron reclamadas.
En todos estos casos el Consejo Consultivo emitió dictámenes desestimatorios, excepto en dos reclamaciones en las que se consideró parcialmente la existencia de responsabilidad por parte municipal: en la caída de una mujer motivada por un desperfecto en un paso de peatones el 28 de julio de 2015, que le provocó una fractura de radio distal por la que precisó de intervención quirúrgica; y en la caída de un trabajador el 27 de mayo de 2016, que sufrió un accidente cuando circulaba con la motocicleta del establecimiento del que era empleado, debido a la existencia de un adoquín suelto en la calzada, que se desplazó al circular sobre él.
OTROS AYUNTAMIENTOS No solo desde el Ayuntamiento de Segovia se solicitó asesoramiento jurídico al Consejo Consultivo, sino que también se pidieron dictámenes desde otras administraciones públicas. En concreto, fueron ocho los consistorios que solicitaron su ayuda el pasado ejercicio: Ayllón, Bernuy de Porreros, Cuéllar, El Espinar, Labajos, Lastras del Pozo, Palazuelos de Eresma y el Real Sitio de San Ildefonso.
Según las resoluciones del órgano presidido por Mario Amilivia, la reclamación patrimonial más elevada se planteaba en una consulta de Cuéllar, por los daños sufridos durante un festejo taurino, y ascendía a 186.849 euros.
En concreto, los reclamantes pedían una indemnización por el fallecimiento de un hombre el 30 de agosto de 2015, “cuando se encontraba de espectador en el primer encierro de esta localidad, a consecuencia de una cornada por asta de toro”. Alegaban que el festejo se celebró sin la documentación reglamentaria, con unas “reses peligrosas y no aptas para el encierro” y que el encierro pasó “por la zona del Embudo [lugar donde se produjo la cogida del fallecido], sin que exista la más mínima protección, ni barreras ni talanqueras ni ninguna estructura y sin unas mínimas medidas de control y organización”. Este informe resultó desestimatorio en su aprobación al no considerarse la existencia de responsabilidad patrimonial por parte del Consistorio de Cuéllar.
La mayoría de las reclamaciones están relacionadas con los daños derivados de las deficiencias en los servicios públicos
La consulta del Ayuntamiento de Ayllón fue por una reclamación de daños recibida tras una caída en una acera de la localidad, en la que pedían 12.000 euros y también fue desestimatoria.
Sin embargo, fue estimatorio el dictamen solicitado por el Real Sitio de San Ildefonso, que consultó por una reclamación de daños a causa de la caída de una rama de un árbol sobre un garaje. Los afectados reclamaban una indemnización de 4.700 euros y el propio Ayuntamiento realizó una propuesta aceptando la existencia de responsabilidad.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Desde la Diputación Provincial de Segovia solo se solicitó un dictamen el pasado año al Consejo Consultivo, relativo a una reclamación a raíz de una caída por el mal estado de una calzada.
Fue el 18 de octubre de 2016 cuando una mujer presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Diputación Provincial, debido a los daños y perjuicios sufridos en una caída acaecida el 24 de marzo de 2016, entre las 14.30 y 15.00 horas, en la carretera SV-V-7212, a la altura del Kilómetro 5, a consecuencia del mal estado de la calzada.
La afectada exponía en su escrito que la caída se produjo cuando caminaba por la zona destinada a los peatones para acceder al paso de peatones existente en dicha carretera, al perder el equilibrio tras pisar un bache de los existentes en el borde de la carretera. Asimismo, manifestaba que una ambulancia del 112 acudió tras la caída, que recibió los primeros auxilios de los técnicos en el mismo lugar de los hechos y que finalmente fue trasladada al Hospital. Solicitaba una indemnización de 6.084 euros.
Sin embargo, tras estudiar toda la documentación, al no considerarse acreditada la relación causal entre los daños sufridos y el funcionamiento del servicio público, la resolución del Consejo Consultivo fue desestimatoria.
Sanidad, Fomento y Educación también reciben reclamaciones
Las entidades locales no son las únicas que se enfrentan a las reclamaciones de los vecinos, también otras administraciones y organismos están expuestos a estas situaciones. Así, entre los 27 dictámenes emitidos el pasado año por el Consejo Consultivo relativos a la provincia de Segovia, cuatro fueron solicitados por el Hospital General.
La reclamación más elevada alcanzó los 450.000 euros a raíz de un supuesto deficiente tratamiento. Fue presentada por dos hombres que exponían que a la paciente, de 65 años de edad y sin antecedentes clínicos de interés, se le diagnosticó un tumor cerebral del que fue intervenida.
La intervención y el postoperatorio transcurrieron con normalidad y fue dada de alta el 4 de agosto de 2014. No obstante, los reclamantes ponen de manifiesto que a partir de dicha fecha existió una falta de diligencia de los servicios sanitarios, debido al retraso y ausencia de tratamiento, que derivó en el empeoramiento y posterior fallecimiento de la mujer, acaecido el 21 de noviembre de 2014.
Los demandantes solicitaban una indemnización de 450.000 euros. El dictamen fue desestimatorio porque se considera que la paciente y su familia fueron debidamente informadas y que la asistencia sanitaria prestada fue correcta y adecuada, por lo que no se produjo un funcionamiento anormal o deficiente del Servicio Público Sanitario.
Otra reclamación fue presentada por una mujer que pedía al centro hospitalario responsabilidad patrimonial, debido a las secuelas producidas por la lesión del nervio mediano durante una cirugía del síndrome del túnel carpiano. Solicitaba una indemnización de 94.000 euros y el Consultivo dictó una resolución estimatoria parcial, por importe de 10.000 euros.
Las otras dos reclamaciones presentadas contra el Hospital, por supuestas deficiencias en el tratamiento recibido, fueron resueltas por el Consejo con dictámenes desestimatorios.
Asimismo, los dictámenes solicitados por Fomento y Medio Ambiente derivaron de la consulta sobre la aprobación de la modificación puntual número 13 de las normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Fresno de Cantespino; y sobre la aprobación de la modificación puntual 1/2016 de las Normas Urbanísticas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Gomezserracín. Ambos contaron con luz verde del Consultivo para dichas modificaciones.
Los dictámenes solicitados por Educación derivaron del accidente sufrido por una funcionaria y de una revisión de oficio de un nombramiento de un empleado público.
