El Ayuntamiento ha hecho un nuevo requerimiento a la UTE Pygsur-Collosa, concesionaria del parking de José Zorrilla, en este caso para que solvente todos los problemas encontrados durante la inspección técnica realizada hace unas semanas como paso previo a la recepción del inmueble, una vez rescindido el contrato de explotación. Según explicó la alcaldesa, Clara Luquero, se ha dado a la empresa un plazo de dos meses para que realice todas las obras necesarias para dejar las instalaciones en perfectas condiciones.
Asimismo, el Consistorio ha elaborado un escrito de respuesta al presentado por la UTE, calificado por la alcaldesa, Clara Luquero, de “inoportuno e improcedente”. Según la regidora, “en el pliego de condiciones y en el contrato queda muy claro que las obligaciones del contratista no concluyen con la rescisión del contrato, sino cuando se restituya la instalación al Ayuntamiento en perfecto estado y por lo tanto se les reclama la intervención resolviendo una serie de problemas, cuyo presupuesto estimado por los técnicos municipales es de más de 90.000 euros”.
“En caso de que ellos no actúen —añadió Luquero—, lo hará el Ayuntamiento de manera subsidiaria. Se les da un plazo de dos meses para resolver todas esas deficiencias, y o bien vencido el plazo o bien si cierran el parking en la fecha que anunciaron, desde ese momento el Ayuntamiento planteará la intervención subsidiaria para resolver los problemas de humedades y de otras deficiencias que presenta el aparcamiento”.
Todas estas medidas se tomarán en paralelo al plan de contingencia previsto por el Consistorio para no dejar sin servicio a los usuarios del parking —aquellos que tienen plazas en concesión por 50 años, plazas alquiladas o abonos—, ya anunciado y explicado ayer a los propios afectados en una reunión celebrada por la tarde en La Cárcel.
Aseguró Luquero que este plan es específico para tratar esta contingencia, pero “después tendremos que hacer un expediente formal de recepción de la infraestructura, que probablemente se pueda hacer sin más, porque el plazo de requerimiento no va a computar si ellos abandonan el servicio”.
“Nosotros tenemos que hacer el requerimiento legal establecido, porque tenemos que estar blindados —insistió la mandataria—, es decir, hay que dar los pasos como hay que hacerlo, de manera meticulosa, y por eso se hace el requerimiento para un plazo de dos meses. En el supuesto de que ellos cumplan su anuncio y cierren la infraestructura, pues evidentemente el plazo no sigue contando y ahí el Ayuntamiento tomará las medidas para actuar de manera subsidiaria, pero nosotros estamos obligados a requerirles poniendo un plazo y a decirles que no están en derecho de cerrar unilateralmente la infraestructura”.
Sin embargo, reconoció la alcaldesa, “somos conscientes de que seguramente vayamos a ser nosotros los que resolvamos los problemas de las deficiencias del aparcamiento de manera subsidiaria”. En ese caso, el Ayuntamiento recurriría a las fianzas aportadas por la UTE para solventar los gastos.
