La Diputación de Segovia reclama una gestión pública de las autopistas que atraviesan la provincia: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51). El pleno provincial aprobará hoy el acuerdo unánime de la corporación por el que se insta al Gobierno de España a que, “una vez se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje reseñadas no se volverá a prorrogar, y su explotación se realizará de forma directa por el sector público y no se sacará una nueva concesión, por lo que a partir de ese día los que circulen por ellas lo harán libres de peajes”. También reclamará al Estado que cumpla “estrictamente” la sentencia del 22 de abril de 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “por la que se declara ilegal la concesión otorgada en 1999 (a Castellana Autopistas-Iberpistas) para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peajes: AP-6, AP-61 y AP-51”.
La declaración institucional que hoy saldrá adelante en el pleno establece que en el año 2012, el Ministerio de Fomento modificó la concesión para cumplir la sentencia europea. “Redujo —añade— la concesión a Iberpistas en siete años y le indemnizó con una cantidad que todavía no es pública. Esos siete años volverán a salir a ‘concurso’. Fomento acordó entonces también que, en noviembre de 2019, y en función del tráfico real del túnel (AP-6) y las autopistas desde 1999, el Ministerio decidirá si la concesión se prolonga hasta 2032 o hasta 2037”.
A la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, la Diputación suma “la falta de gestión que ha tenido la concesionaria ante situaciones de crisis, como se pudo ver el pasado fin de semana del 6 y 7 de enero con un colapso en la AP-6 por el temporal de frío y nieve que afectó a miles de conductores, a pesar de haber sido anunciado por la AEMET”. Asimismo, se recuerda que situaciones similares ya se habían registrado en años anteriores, como 2009 y 2011. “Como en ocasiones anteriores, los servicios públicos fueron los que tuvieron que lidiar con la situación de crisis, dada la mala planificación y gestión por parte de la empresa”, remarcando además, “que el paso de la AP-6 a manos del Estado (gestión pública) debe ir acompañado de las correspondientes medidas que permitan salvaguardar los puestos de trabajo actuales”, algo en lo que han insistido tanto el sindicato CCOO como la asociación Centaurea.
El acuerdo que hoy aprobará el pleno solicita que se apliquen fórmulas compensatorias viables técnica y económicamente “para eliminar el agravio histórico que sufre la ciudadanía de Segovia y Ávila por el pago del peaje por utilizar vías de alta capacidad que les conectan con Madrid”, y que se haga un seguimiento del contrato por parte de las empresas concesionarias, “garantizando que estos contratos son muy exigentes con las condiciones de seguridad que tiene que garantizar, evitando que se vivan episodios como el de las últimas nevadas de este mismo mes”.
SAN RAFAEL
La declaración concluye también en la necesidad existente de poner en marcha las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada la autopista AP-6 libre de peajes como variante del núcleo de San Rafael (El Espinar).
Como se recordará, este sábado 24 de febrero se ha convocado una manifestación y posterior concentración en la carretera N-VI a su paso por San Rafael, con motivo de la densidad de tráfico que soporta la población. Convocada por la plataforma ‘SolucióntravesíaSanRafael’, se reclama al Gobierno que mientras “se tomen las medidas oportunas, se desvíe, como un primer paso, nunca como un fin, el tráfico pesado de esta travesía, lo que supondrá una descongestión para los vecinos, pero nunca una solución”.
