El presidente del Parlament, Roger Torrent, llevará la defensa de la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a través de una demanda en la que pedirá medidas cautelares.
Fuentes parlamentarias explicaron que se pedirá al Tribunal que “tutele los derechos políticos y, en concreto, el derecho a la participación política” de Puigdemont.
“Esto implica su derecho a someterse a un debate de investidura, en tanto que es un diputado electo, y a ser escogido presidente si así lo decide una mayoría”, resumen las mismas fuentes sobre la iniciativa de Torrent.
La demanda de medidas cautelares —añaden— “desborda las instituciones del Estado y pone la decisión en manos de un órgano superior que podría tutelar los derechos políticos de Puigdemont y garantizar una investidura efectiva”.
La demanda de Torrent se fundamenta en el artículo 39 del reglamento del Tribunal Europeo, que tiene un carácter restrictivo y “está reservada para casos muy específicos en los que se puede producir un daño irreparable”.
La mismas fuentes aseguran que, si la demanda fuera estimada, se resolvería en un plazo de 24 horas y se podría “abrir una puerta real y efectiva para la investidura de Puigdemont” —la demanda no está presentada aún y no hay una fecha fijada para hacerlo—.
Vía compleja
“Es una vía compleja pero, pese a todo, hay que explorarla. El presidente del Parlament se comprometió a trabajar incansablemente para proteger los derechos políticos de Puigdemont y defender su derecho a someterse a una investidura efectiva”, concluyen.
Una demanda de este tipo deben presentarla los diputados a título individual: en este caso la liderará Torrent como máximo representante de la institución, pero pedirá a los diputados de la Cámara que se sumen.
Torrent decidió aplazar sin fecha el debate de investidura programado por él mismo el martes 30 de enero, alegando que quería garantizar la “inmunidad” del candidato Puigdemont.
Contra el pleno de investidura pesa una interlocutoria del Tribunal Constitucional que advierte al Parlament de que no puede celebrar una investidura de Puigdemont a distancia sin que éste pida permiso al juez.
Por su parte, Puigdemont todavía no ha aclarado si tiene intención de regresar de Bélgica para estar en la Cámara, pero las negociaciones de investidura entre JxCat, ERC y la CUP no contemplan este regreso.
Además, la lista de JxCat ha impulsado una reforma de la Ley de la Presidencia para investirle a distancia, lo que entra en conflicto con la decisión del Constitucional.
