El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta andaluza Francisco Javier Guerrero, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y no ha ratificado sus primeras declaraciones ante la Policía Nacional, la Guardia Civil y la juez instructora que comenzó a investigar los hechos, Mercedes Alaya, por el caso de los ERE, alegando que cuando las hizo tenía una “tremenda presión mediática y de la policía” para que declarara.
Pasadas las 10.30 horas comenzaba la séptima sesión de la vista oral con el interrogatorio a los imputados, siendo el primero el ex director general de la Junta, que se acogió a su derecho a no declarar, expresando del mismo modo que no va a contestar a ninguna pregunta del Ministerio Fiscal y las acusaciones del PP-A y Manos Limpias, de forma que sólo contestará a las que le realice su abogado, Fernando de Pablo.
A continuación, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Sala dar lectura a las declaraciones prestadas por Francisco Javier Guerrero ante la Policía y Guardia Civil y en fase de instrucción en el marco de la investigación abierta por los expedientes de regulación de empleo irregulares. El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, accedó a esta petición.
Tras la lectura de la primera declaración, realizada en marzo de 2011 ante la Policía, De Pablo ha cuestionado a su cliente si ratificaba la misma, a lo que Guerrero ha afirmado que “no”, alegando que cuando la hizo “tenía una presión tremenda mediática y de la policía para que declarara”. “No la voy a ratificar”, ha reiterado, añadiendo que la declaración leída “no recoge exactamente lo que dijo textualmente” en algunas cuestiones.
Igualmente alegó los mismos motivos para no ratificar la primera declaración realizada ante la Guardia Civil el 26 de enero de 2012 y la segunda el 21 de febrero del mismo años tras ser preguntado por su abogado una vez que ha concluido la lectura por parte del tribunal.
Los mismos argumentos “de presión” expuso Francisco Javier Guerrero para no ratificar la declaración prestada (su lectura no ha concluido este lunes) en calidad de imputado el 7 de marzo del mismo año ante la por entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que inició la investigación sobre una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos ERE financiados con cargo a la partida 31L, así como su destino general.
Cabe recordar que la primera comparecencia de Guerrero ante la Guardia Civil versó sobre las “ayudas a empresas” libradas directamente a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con cargo a la famosa partida presupuestaria 31L, conocida como ‘fondo de reptiles’ a cuenta de la expresión empleada.
