El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el denominado ‘procés’, acordó ayer mantener en prisión provisional y sin fianza al exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn, pese haber renunciado a su escaño como diputado en el Parlamento de Cataluña.
El magistrado instructor rechazó en un auto la petición de libertad que hizo el exconsejero en un escrito presentado el 12 de enero, un día después de declarar ante Llarena. Durante su comparecencia se desmarcó de la vía unilateral en el proceso independentista de Cataluña.
Llarena rechaza por segunda vez la excarcelación de Forn al considerar que, desde su posición como consejero de Interior, “aportó a la consecución de la segregación territorial” al supervisar un dispositivo policial del referéndum del 1 de octubre que el magistrado cuestiona por su “transgresión”, ya que se ideó teniendo en cuenta el “eventual abandono de la obligación policial de garantizar el orden constitucional y legal”.
El juez del Supremo entiende que la participación de Forn fue clave para la “inhibición” de los Mossos durante el 1-O, “logrando que la inactividad policial supusiera perder el último recurso con que cuenta el Estado para la aplicación forzosa del orden jurídico en una Comunidad Autónoma en la que las competencias de orden público están transferidas”. El objetivo, dice, era “forzar al Estado a aceptar la independencia”.
Regreso al govern
Forn renunció el pasado 23 de enero a su acta de diputado en el Parlament por su situación personal en la prisión madrileña de Estremera y, tal como dijo en la carta remitida a la Mesa de la cámara parlamentaria, adquirió “unos compromisos” con el alto tribunal que podrían “representar una contradicción” con su grupo parlamentario, Junts per Catalunya.
El juez instructor no ha dado credibilidad al exresponsable del Interior en Cataluña ya que, según explica en su auto, su condición de investigado por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos no parte de haber ostentado una condición de diputado, sino de haber desplegado “una responsabilidad ejecutiva y de gobierno” que no descarta que vuelva a tener.
Asimismo, el magistrado hace una alusión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al destacar que Forn y él tienen la misma “ideología”, que resume en el objetivo final de alcanzar la independencia de Cataluña. En este punto, cita también al ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, investigado en la Audiencia Nacional.
Apoyándose en la declaración como testigo del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo del 1-O, el juez Llarena recuerda que en la Junta de Seguridad del 28 de octubre el propio Forn “adelantó la imposibilidad de cumplir el mandato judicial” por el deseo de la Generalitat de “evitar un conflicto de masas de ciudadanos”.
Cumplir con la justicia
En aquella reunión, señala el juez, Forn se alineó con otros participantes, entre ellos Carles Puigdemont, “formalizando su voluntad de cumplir las decisiones judiciales” contrarias a celebrar el 1-O pero al mismo tiempo “buscando la tolerancia de la votación, lo que resultaba plenamente coherente con la peculiaridad de que fueran ellos mismos quienes convocaban el acto ilegal que había que impedir”.
“Todo ello”, añade el magistrado del Supremo, “en perfecta sintonía con la posición que siempre sostuvo el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero.
Su ideología coexiste además con un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia de Cataluña. “Esta última actitud es la que sostiene quien otorgó en su día la confianza al señor Forn para que fuera Consejero de Interior, y que encabezó la lista electoral en la que el investigado decidió integrarse hace escasas semanas”, determina el magistrado.
