La Junta de Castilla y León pondrá en marcha una nueva Estrategia de Eficiencia Energética, la tercera desde 2002, con un “ambicioso objetivo” que buscará rebajar un 32,45 por ciento el consumo de energía final —unos 1.113 kilotoneladas equivalentes de petróleo— y reducir un 30,24 por ciento las emisiones de CO2 en el horizonte de 2020 —2,5 millones de toneladas— sin alterar el mix autonómico de generación eléctrica en el que el carbón mantiene un hueco “por razones estratégicas” con un “papel preponderante” para las energías renovables.
Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó la nueva Estrategia de Eficiencia Energética de la Junta que contempla 79 medidas para reducir el consumo de energía y las emisiones hasta un 12 por ciento por encima de los objetivos marcados por la Unión Europea.
“Es mucho más ambicioso”, destacó la consejera que recordó que no es tan fácil rebajar consumo y emisiones contaminantes en una etapa de crecimiento económico. Dicho esto, significó los resultados de los dos planes de eficiencia energética puestos en marcha en 2002-2007 y 2008-2012 con un ahorro energético del 20,89 por ciento en Castilla y León en relación a los indicadores de 1990 que fija la UE.
“Este dato implica que Castilla y León ha cumplido siete años antes las metas marcadas por Europa —instaba a las regiones a aumentar la eficiencia energética en el 20 por ciento en 2020 respecto a 1990 y a reducir en el 20 por ciento las emisiones de CO2 en el mismo horizonte—”, precisó la consejera, quien destacó la “importante mejora” de la competitividad empresarial que aportan estas medidas.
La ejecución de las 79 medidas programadas hasta 2020 implicará un esfuerzo inversor de 799,1 millones que serán aportados por el sector privado, con 547,9 millones, y por el público, con 251,2 millones, tanto con fondos de carácter autónomo como estatales y europeos en este caso con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de diversos instrumentos como subvenciones, préstamos a coste cero o a bajo interés, inversiones directas o participación en proyectos estratégicos.
Según precisó Del Olmo, el sector industrial absorberá el 51,3 por ciento del volumen global de recursos, seguido del sector de edificación (25,1 por ciento), del transporte (10,8 por ciento), de las mejoras en servicios públicos de las administraciones locales (10 por ciento) y de la Administración autonómica (2,4 por ciento). Al capítulo de I+D+i se dirigirán el 0,3 por ciento de los fondos y el 0,1 por ciento a iniciativas de difusión de un consumo responsable.
Transporte
La mayor parte de la reducción de emisiones de CO2 previstas corresponden al transporte, con 1,10 millones, seguidas de la industria (844.500), edificios (447.600), entidades locales (98.800) y Administración autonómica (23.600). Entre las medidas para mejorar la competitividad de la industria y el sector ganadero, con el reto de conseguir una tercera parte del ahorro estimado para 2020, destacan el fomento de inversiones de eficiencia en los procesos, equipos e instalaciones de las compañías y la diversificación de las fuentes empleadas en la producción a través de la convocatoria de distintas líneas de subvenciones.
Se pretende introducir también “la mejor tecnología disponible”, implantar sistemas de gestión energética UNE-EN-ISO-50001 o aplicar técnicas sobre agricultura de conservación, reducción del consumo de agua e introducción de motores y bombas de mayor rendimiento.
