La instrucción que está llevando a cabo el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre los implicados en el ‘procès’ para lograr la independencia de Cataluña, así como las dudas que plantea ERC para investir a Carles Puigdemont estando huido de la Justicia y el temor a las posibles consecuencias judiciales, son los factores que están marcando el arranque de la Legislatura catalana, que dará comienzo el próximo miércoles.
De hecho, de los 70 diputados electos que suman Junts pel Cat, ERC y la CUP, un total de 17 figuran como investigados, aunque dos de ellos aún no han recogido su acta de diputados, los exconsejeros huidos en Bélgica Lluis Puig y Clara Ponsatí.
Los 17 parlamentarios catalanes imputados tienen circunstancias procesales distintas. Además, 15 de ellos están siendo investigados por el Tribunal Supremo mientras que otros dos los son en el procedimiento que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona: Josep María Jové (considerado mano derecha de Junqueras en la vicepresidencia) y Lluís Salvadó (secretario de Hacienda).
Así, el expresidente Carles Puigdemont está huido de la Justicia, junto con Tomi Comín y Meritxell Serret. Mientras que el exvicepresidente, Oriol Junqueras, se encuentra en prisión preventiva al igual que el exconsejero de Interior, Joaquín Forn y el presidente de la ANC Jordi Sánchez.
Algunos de los diputados que están siendo investigados están en liberad provisional. Este es el caso de los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que salieron de prisión tras pagar las fianzas de 100.000 euros que les fueron impuestas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
También quedaron en libertad bajo fianza tras declarar en el TS la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que se vio obligada a abonar 150.000 euros, así como el miembro de la Mesa del Parlament Lluis Guinó, que tuvo que depositar 25.000 euros para no ingresar en la cárcel.
Pero en la constitución del Parlamento catalán no sólo va a pesar la situación procesal de estos 15 diputados, también están influyendo las deserciones y los temores a las consecuencias que puedan acarrear los pasos que den los independentistas de ahora en adelante, entre otros, si se elige o no a un presidente huido y de forma telemática.
De los 14 miembros del Gobierno de Puigdemont que fue cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución, sólo hay 9 en el Parlamento catalán. La primera ‘baja’ fue la de Santi Vila después de renegar ante la juez de la Audiencia Nacional del ‘procés’, lo que le sirvió para no pisar la cárcel.
Meritxel Borrás sí ingresó en prisión, pero salió con fianza de 100.000 euros y rechazó el ofrecimiento de Puigdemont de ir en las listas. Carles Mundó, que también fue puesto en libertad bajo fianza y concurrió en las listas electorales de ERC declinó recoger su acta de diputado y dejó la política cuando se barajaba su nombre para ocupar la presidencia del Parlament.
Varios diputados se vieron obligados a retractarse y prometieron al juez del Supremo que no seguirán por la vía unilateral y que acatarán la Constitución con el fin de lograr que les deje en libertad. Así lo hicieron esta misma semana el exconsejero de Interior, Joaquím Forn y Jordi Sánchez.
