Los cambios introducidos en la normativa estatal que regula el servicio de ayuda a domicilio sólo afectarán a algo más del 39 por ciento de los usuarios del mismo en Castilla y León, unas 8.900 personas, que reciben esta atención como parte de sus prestaciones por dependencia. De media verán reducidas las horas de ayuda un 23 por ciento, según explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien recalcó que los 13.500 usuarios restantes seguirán con las mismas condiciones.
Así, el máximo para los grandes dependientes ha pasado de 90 a 70 horas y el mínimo de 55 a 46; para los dependientes severos, el tope ha bajado de 55 a 45 horas y el mínimo de 30 a 21, y para los moderados, se ha reducido el máximo de 30 a 20 horas y se ha eliminado el mínimo, que antes era de 12 horas. Dentro de esa horquilla, son los profesionales de los servicios sociales los que determinarán cuál es «la intensidad más adecuada» en cada caso.
Marcos explica que en 2011 un total de 22.400 castellanos y leoneses se beneficiaron de este servicio, con un coste de 72 millones. De ellos, cerca del 61 por ciento no eran personas dependientes y ahora «no ha cambiado ni la intensidad de la ayuda ni su aportación económica». Al respecto, señaló que en 2009 se estableció para estas personas un promedio de atención de 11 horas y un techo de 20, que se ratificó el año pasado.
Asimismo, incidió en que «todo el mundo sigue teniendo el servicio», aunque con menos horas en el caso de los dependientes en cumplimiento del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establece esa rebaja adaptando las horas en todas las comunidades.
La consejera informa que el servicio tiene un coste de 14 euros por hora, sufragado entre la Administración autonómica, las corporaciones locales y los usuarios. Al respecto, señala que el 20 por ciento de los beneficiarios accede de forma gratuita porque no tiene capacidad económica suficiente y que el resto abona una cuantía fijada por los servicios sociales en función de sus necesidades, del tipo de dependencia reconocida y de su capacidad económica, de forma que «nadie paga más del 70%».
En 2011 el presupuesto para esta prestación ascendió a 72 millones, de los cuales la Junta aportó el 74 por ciento (53 millones), los usuarios un 13 por ciento (9,5 millones) y las corporaciones locales el otro 13 por ciento (9,5 millones) de media porque son competentes en esta materia y cada una puede decidir cuánto destina.
La consejera cree que los cambios introducidos en materia de dependencia supondrán un ahorro de 4,7 millones este año para la Junta por la reducción del número de horas en los últimos cuatro meses del año, con un gasto estimado total de 48,3 millones. De forma paralela se rebajará la aportación de las entidades locales y «lógicamente» de los usuarios al recibir menos horas.
Marcos resalta que, mientras que la intensidad de atención ha bajado un 23 por ciento de media para los dependientes, la Junta ha reducido su aportación a la ayuda a domicilio un 9 por ciento porque el 60 por ciento de los usuarios sigue igual y además la norma entró en vigor el 1 de agosto, por lo que solo afecta a los últimos cuatro meses del año.
Mensaje de tranquilidad
La titular de Familia quiere lanzar un «mensaje de tranquilidad» ya que asegura que «la Junta sigue apostando por la aplicación de la Ley de Dependencia» pese a las dificultades presupuestarias, que recuerda que han existido desde que se aprobó en 2007 por los incumplimientos del Gobierno central. «La aportación del Estado a las prestaciones por dependencia es insuficiente como lo ha sido siempre», afirma.
Marcos recuerda que su departamento ha alcanzado pactos en el marco del Diálogo Social y con todo el sector para «ajustar la atención a las personas dependientes garantizando la sostenibilidad financiera del sistema y fomentando además los servicios profesionales, generadores de empleo y garantes de la calidad de la atención frente a los cuidados familiares».
En el caso concreto de la ayuda a domicilio, destaca que se han ampliado las posibilidades de los usuarios dependientes ya que, además de poder solicitar la que prestan las entidades locales, ahora pueden adquirirla directamente en la empresa acreditada que quieran, «de forma que ninguna persona dependiente tiene que estar en lista de espera» para recibir esta ayuda.
