Hablar de fraude fiscal (engaño que se realiza eludiendo obligaciones legales o usurpando derechos con el fin de obtener un beneficio) en España está a la orden del día, aunque todo lo que se diga acerca de este tema siempre son suposiciones. La realidad nunca se llega a conocer a ciencia cierta, porque si así fuera no existiría.
Destapar uno de estos delitos es como meterse en las entrañas de una logia masónica, de algo realmente oculto, porque se trata de asuntos turbios con una estructura bien configurada y cientos de ramificaciones también camufladas. De todos modos, los economistas tienen algunas herramientas para determinar, aproximadamente, las cantidades usurpadas y cuál es la diferencia entre la economía nominal, o sea, la declarada, y la real.
Mencionando algunos datos, que de vez en cuando publica el Ministerio de Hacienda, el fraude fiscal en España es el correspondiente a lo que debería ingresarse si saliese a la luz un 25% más del Producto Interior Bruto. O sea, que la economía sumergida equivale al 25% del PIB, una cifra que a buen seguro bate todos los récords del mundo desarrollado.
Así, no es de extrañar pensar que casi un tercio de los españoles, en concreto el 72%, considera que este delito ha aumentado en los últimos 10 años, y solo el 28% cree que se ha reducido, según el barómetro fiscal de 2010, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF).
El informe se basa en una encuesta anual, realizada mediante entrevistas personales a una muestra aleatoria nacional de 1.500 ciudadanos distribuidos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales liberales, trabajadores asalariados e inactivos) y seleccionados por cuotas de hábitat, género, edad y categoría socioeconómica.
Tras un incremento progresivo y constante de la percepción de la reducción del fraude durante el quinquenio 1995-1999, dicha sensación ha bajado desde 2001, alcanzando en 2009 los niveles más bajos de la serie. Según el IEF, en 2010 parece iniciarse una tendencia alcista de quienes creen que hay más. El 59% piensa que, aunque persisten los engaños a Hacienda e incluso casos de notorio incumplimiento, en general el pago de impuestos se realiza de un modo bastante correcto, frente al 41% que afirma que el encubrimiento es una conducta generalizada entre los contribuyentes.
Los hombres de negocios, con un 47% de respuestas, es el segmento de población que más considera esta infracción como algo generalizado, seguidos de los asalariados (44%), los profesionales (43%) y los inactivos (37%).
Mientras, el 61% de los ciudadanos está convencido de que hay colectivos que evaden impuestos de forma habitual y continuada, frente a un 22% que no lo cree así. En opinión de los encuestados, tales colectivos son los empresarios principalmente, pero también los profesionales liberales y los autónomos, cuyas actividades están sometidas a un menor control por parte de la Administración.
De hecho, el 40% cita a los ejecutivos como los más defraudadores, el 19% a los profesionales liberales, y el 11% a los autónomos. El IEF ha constatado un elevado número de menciones espontáneas a colectivos y sectores que no figuran en el listado propuesto, como la construcción, los políticos, los inmigrantes, la banca, los famosos, los parados y los funcionarios. Por el contrario, los asalariados son los más honestos porque, al estar más supervisados sus ingresos, tienen menos oportunidades para ocultar las rentas.
Además, revela que el 37% de los ciudadanos justifica, de una forma u otra, el fraude.
