Desde el día 29 de diciembre de 1978, en que la Constitución fue publicada en el boletín oficial del Estado y entró en vigor, han transcurrido casi cuatro décadas, en las cuales la sociedad española ha experimentado profundos cambios en casi todos los aspectos demográficos, económicos y sociales, tanto de carácter cuantitativo como de índole cualitativa, sobre los que merece la pena reflexionar. La Constitución vigente consagra en la vida política de nuestro país un sistema de monarquía parlamentaria, basado en unas reglas del juego democráticas, el pluralismo político, las libertades, derechos y obligaciones de los ciudadanos, la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la separación de la Iglesia y el Estado en el marco de la libertad religiosa, así como en una articulación territorial fundamentada en comunidades autónomas y corporaciones locales, conciliando el respeto a la historia e identidad de los distintos territorios con ciertas dosis de posibilismo político.
Plena apertura internacional
Parece obvio que la integración de España en la OTAN en 1982, en la Unión Europea en 1985 y en el Eurogrupo en 2002, con la consiguiente cesión de ciertas parcelas de soberanía nacional y la sustitución de la peseta por el euro como moneda nacional, así como la incorporación de pleno derecho de nuestro país a diferentes Tratados y Organismos Internacionales a través de la U.E., no se hubiera podido producir plenamente sin el aval de la Constitución de 1978. Con estas incorporaciones España amplificó su apertura exterior tanto en lo comercial como en otros aspectos políticos y sociales de gran importancia para su desarrollo socioeconómico.
Población
Durante esas cuatro décadas, España ha aumentado su población desde 37 millones de habitantes a finales de 1978 a 46,5 millones reflejados por el padrón a 1 de enero de 2017. A su vez, hemos pasado de ser un país de emigrantes —dado que en 1978 residían en el extranjero en torno a 2 millones de españoles y que apenas se superaba la cifra de 150.000 residentes extranjeros— a ser un país de inmigración neta, puesto que, a primeros de 2017, el número de extranjeros que residían en España superaba 4,5 millones de personas frente a 2,4 millones de españoles que habitaban en otros países. No obstante, dos tercios de las personas de nacionalidad española habían nacido fuera de nuestro país, predominando entre ellos los hispanoamericanos y europeos; de tal modo que la cifra de nacidos en España residentes en el extranjero se aproxima a las 800.000 personas.
Las nacionalidades más numerosas entre los inmigrantes son rumanos y marroquíes (cerca de 700.000 cada uno), seguidos a cierta distancia de británicos, italianos y chinos, siendo abundante también la población hispanoamericana y europea disgregadas en diversas nacionalidades. Es evidente que la inmigración ha supuesto un cierto rejuvenecimiento de la pirámide demográfica, que contrarresta en parte el notable envejecimiento experimentado en las últimas décadas, derivado de los cambios sociológicos observados en la sociedad española, especialmente en la composición de las familias, en el nuevo papel de la mujer y en la tasa de natalidad que ha descendido considerablemente.
Economía
La llegada de la democracia se encontró con la necesidad de modernizar el sistema económico español. Así hubo de abordar la necesaria reconversión industrial, despojando a nuestro tejido productivo de sectores no competitivos, compuestos en muchos casos por empresas público. Hubo de abordar los desequilibrios internos, tanto entre personas como entre territorios, para lo cual se abordó una importante reforma fiscal, se puso en marcha un sistema de prestaciones sociales y se abordó una financiación autonómica solidaria dentro de lo posible.
Los Pactos de la Moncloa permitieron implantar una política de estabilización de los precios (en 1978 la media de inflación estaba en torno al 20%), que permitiría ir reconduciendo la inflación en años sucesivos, hasta el momento actual en que nos movemos en niveles muy reducidos homologables a los de la U.E.
Durante esas cuatro décadas el valor de la producción (PIB a precios de mercado, según el INE) ha pasado de 67.824 millones de euros en 1978 a 1.118.522 millones de euros en 2016, lo que supone un incremento del 1.549%, cuando el índice de precios al consumo aumentó en dicho periodo en torno al 540%; es decir, que. en términos reales, la producción se ha multiplicado por diez, con la consiguiente repercusión positiva en la renta per cápita de los españoles. Con datos del Banco de España el PIB per cápita ha pasado de 3.500 euros en 1975 a 25.500 euros en 2014, duplicándose en términos reales entre ambas fechas.
También se ha producido una transformación relevante en la estructura sectorial de la producción durante esas cuatro décadas, ya que han ganado terreno, +11,7 puntos, los servicios de mercado (del 38,22% en 1978 han pasado a representar el 49,92% en 2017). También han aumentado su peso, +6,74 puntos, los servicios públicos o de “no mercado” (del 10,27% han pasado al 17,01%) y han ganado +5,63 puntos los impuestos netos sobre productos (del 3,63% al 9,26%). El mayor descenso, -14,48 puntos, lo ha experimentado la industria (del 30,68% en 1978 al 16,20% en 2017), seguida del sector agropecuario -6,14 puntos (del 8,65% al 2,51%) y de la construcción -3,45 puntos (del 8,55% al 5,10%). La mencionada evolución denota la creciente terciarización de la economía española y el creciente protagonismo del sector público, siguiendo las tendencias hacia el Estado del bienestar de los países avanzados de nuestro entorno.
Empleo
Uno de los aspectos que mejor refleja la evolución socioeconómica de un país es el mercado del trabajo. Recurriendo a datos de la encuesta de población activa del INE, observamos que la población de 16 o más años ha pasado de 26,5 millones de habitantes a finales de 1978 a 38.7 millones de habitantes, según el último dato de la EPA del 3º trimestre del año actual, lo que representa un crecimiento del 46% en el periodo transcurrido desde la aprobación de la Constitución, lo que supone un aumento mayor que el 25,7% de crecimiento de la población en dicho periodo.
La población activa (ocupados + demandantes de empleo) aumentó todavía más en dicho periodo (70,7%), debido fundamentalmente a la masiva incorporación de la mujer y de los inmigrantes al trabajo, ya que la población activa femenina creció en un 177%. En consecuencia, la tasa de actividad pasó del 50,35% al 58,92%, debido, fundamentalmente, a que la tasa de actividad femenina casi se duplicó, pasando del 27,75% al 53,13%, aunque la tasa de actividad masculina se redujo desde el 74,63% al 65,04%. El número de ocupados por cuenta propia y ajena pasó de 12,3 millones de euros a 19 millones de personas, lo que supuso un crecimiento en el periodo analizado del 54,6%.
La distribución de la población ocupada por sectores confirma que en estas casi cuatro décadas la economía española se ha terciarizado, dado que el porcentaje de ocupados ha pasado en el sector de servicios del 42,88% del empleo total al 75,84% según el último dato de la EPA a septiembre de 2017, en línea con las tendencias internacionales de los países más avanzados. Ello ha tenido lugar a expensas de los restantes sectores, ya que el sector agropecuario ha pasado del 19,06% en 1978 al 4,08% en 2017; el sector industrial ha reducido su peso laboral a la mitad, pasando del 27,65% al 14,02%; y el sector de la construcción ha pasado del 9,85% al 6,06%, si bien en la época de auge de la construcción llegó a tener un peso mucho más elevado en el empleo de España.
La tasa de paro también ha manifestado una progresión al pasar del 8,29% a finales de 1978 al 16,38% a septiembre de 2017, duplicándose la tasa tanto en varones como en mujeres y aumentando en todos los estratos de edad, pero especialmente en los jóvenes de 16 a 24 años, cuya cifra de parados es de 579,1 miles de personas, un 5,3% más que hace 39 años; en mayores de 54 años la cifra se ha multiplicado por 9 y entre 25 y 54 años la cifra se ha multiplicado por más de 6. Hay que tener en cuenta que la economía española lleva cuatro años reduciendo sus cifras de desempleo, que llegaron a niveles record entre los años 2009 y 2013, debido a la pasada crisis económica. Sin embargo, en España existe una prestación por desempleo para aquellos trabajadores que han cotizado para tal fin, alcanzando en 1978 dicho subsidio a 419.885 personas en paro y aumentando hasta 1,8 millones de personas en 2017.
Condiciones de vida de los ciudadanos
El consumo de bienes y servicios presenta una imagen representativa del comportamiento humano y de sus condiciones de vida. Según la encuesta de presupuestos familiares del INE, el consumo por persona ha evolucionado entre 1974 y 2016 de 4.425,9 euros a 11.312,4 euros. El gasto medio por hogar se estima para 2016 en 28.199,88 euros.
Además del aumento del consumo, la estructura del gasto se ha modificado considerablemente durante los últimos cuarenta años, lo que denota una transformación cualitativa relevante en los hábitos de los españoles. Así los bienes de primera necesidad, como alimentos y bebidas han visto reducir su peso en casi 19 puntos, representando actualmente el 16,5% del consumo.
También han reducido su peso en 3,8 puntos el vestido y calzado; en 3,7 puntos los muebles, artículos y mantenimiento del hogar; en 1,4 puntos la enseñanza, debido a la gratuidad de la misma y a la concertación con los centros privados; y en 1,2 puntos restaurantes y hoteles, debido al impacto de la última crisis económica, aunque aún reciben casi el 10% del gasto.
Por el contrario, el mayor incremento se ha producido en vivienda, agua electricidad, gas y otros combustibles que actualmente acapara casi el 31% del gasto y ha aumentado durante el periodo 21,6 puntos, que se explican por la burbuja inmobiliaria, liberalización de los alquileres y el aumento del precio de la energía; las comunicaciones aumentan 2,6 puntos, por la eclosión de las tecnologías de la información y las comunicaciones; otros bienes y servicios avanzan en 1,7 puntos; transportes cuyo peso es el 11,6% sube 1,4 puntos, que también se explican por la subida de los carburantes; ocio y cultura aumenta en un punto y sanidad se incrementa en 0,6 puntos.
También la vivienda influye de manera importante de las condiciones de vida de los ciudadanos. Según la Encuesta Continua de los Hogares elaborada por el INE, el número de hogares en España prácticamente se ha duplicado respecto a la época en que se aprobó la Constitución, alcanzando en 2016 los 18,4 millones de hogares.
Más de las tres cuartas partes de los hogares son propiedad de quienes les habitan, si bien algo más de un tercio de esos propietarios están en periodo de pago de sus propiedades, generalmente a través de una hipoteca bancaria; se produce un cierto contraste no solo en número, sino también en las viviendas con pagos pendientes cuyo número se ha multiplicado por siete en estas cuatro décadas, gracias a las facilidades crediticias otorgadas por las entidades financieras y al mejor nivel de vida de los ciudadanos. Algo menos de la cuarta parte de los hogares en 2016 viven en régimen de alquiler o por cesión gratuita o a bajo precio, mientras que en 1975 el inquilinato o la cesión se extendía a algo más de un tercio de los hogares.
El número medio de personas por cada hogar es de 2,5, siendo superior a esta media cuando se trata de inmigrantes, que en torno a dos tercios habitan viviendas en alquiler o cesión, mientras que utilizan esta fórmula tan solo el 16% de los hogares habitados por españoles. Además, el número de viviendas secundarias se estima en torno a 3,7 millones, según el último censo de población y vivienda de 2011, lo que supone que el 20% de los hogares dispone de una vivienda de ese tipo, frente al 7,4% de los hogares que tenían vivienda secundaria en 1975.
Otro aspecto también muy ligado a las condiciones de vida de los ciudadanos es el de las características de las viviendas que ocupan, percibiéndose un avance relevante en estas últimas cuatro décadas. La práctica totalidad de los hogares disponen en sus viviendas principales de agua corriente, agua caliente, retrete inodoro y ducha o baño; mientras que hace cuarenta años el 13,2% de los hogares ni siquiera tenía agua corriente, un 17,6% no disponían de aseos y tan solo en un 57,2% de los hogares había baño o ducha.
Lo mismo cabe decir del equipamiento de las viviendas principales con frigorífico, lavadora automática y televisión en su práctica totalidad, frente al 70%, 30% y 80%, respectivamente en 1975; a lo que cabe añadir el equipamiento en la práctica totalidad de los hogares con lavavajillas, teléfono y automóvil, a lo que se ha venido a añadir la conexión a Internet y banda ancha (83%), ordenadores (78%) y otros elementos tecnológicos.
También se ha producido una importante mejora en las superficies de las viviendas principales, ya que en 2016 el 27,5% de las viviendas principales de los hogares superaba los 105 metros cuadrados, duplicando la proporción existente hace cuarenta años, mientras que se mantuvo en torno al 60% la proporción de viviendas principales entre 61 y 105 metros cuadrados.
Educación, Ciencia y Tecnología
En materia de educación estas cuatro décadas posteriores a la Constitución han supuesto un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo. Aunque en los inicios de la Democracia la situación de la educación no era la misma que a principios del siglo XX (con un nivel de analfabetismo próximo al 60% de la población), había en 1978 un 9% de analfabetos, un 16,2% sin estudios y un 1,8% de la población de 16 años o más con estudios superiores, mientras que la mayoría (54,7%) tenían estudios primarios, un 14,4% estudios medios, 1,1% formación profesional y el 2,7% educación anterior a la superior.
Según la última estadística correspondiente a septiembre de 2017, el porcentaje de analfabetos se redujo en el periodo contemplado en más de siete puntos hasta el 1,7% de la población de 16 años o más, con estudios primarios incompletos había un 5,9%, con educación primaria el 13,6%, con la primera etapa de la educación secundaria o similar el 28,8%, con la segunda etapa de la secundaria el 13,7%, con formación profesional el 7,5% y con educación superior habría aumentado en más de 26 puntos, alcanzando a un 28,9% de la población de 16 o más años. Como dato de interés, hay que indicar la plena incorporación de la mujer a la formación, superando a los varones en la educación universitaria.
Durante el periodo considerado la ciencia y la tecnología han tenido un desarrollo relevante, sin perjuicio de que los niveles alcanzables sean todavía mejorables y tengan un cierto recorrido hasta equipararse al nivel medio de los países líderes de nuestro entorno. En 1978 el gasto en I+D español representaba tan sólo el 0,35% del PIB y el colectivo de investigadores suponía el 1 por mil de la población activa. La media de los tres últimos años de que se tienen datos es que España dedica a I+D en torno al 1,24% de su PIB y que el personal dedicado a dicha función superaba el 11% de la población ocupada. A ello cabe añadir el innegable incremento de los equipamientos y actividades culturales, de ocio y entretenimiento, la multiplicación y el pluralismo de los medios de comunicación, así como la incursión de Internet y redes sociales ampliando la oferta informativa.
Sanidad y Asistencia Social En el año 1978 tenía cobertura sanitaria cerca del 82% de la población, había 75.081 médicos (2,04 por mil) y 97.100 diplomados en enfermería (2,64 por mil). En el momento actual nuestro sistema sanitario cubre a la práctica totalidad de la población residente en España, el número de médicos era a finales de 2016 de 247.974 colegiados y el de diplomados en enfermería 291.848, aumentando de forma significativa hasta alcanzar las tasas de 5,33 y 6,27 por cada mil habitantes, a pesar del aumento de población experimentado en ese periodo. Junto a ello, ha sido notable el avance producido en hospitales y equipamientos médicos, así como en el nivel tecnológico sanitario.
En consecuencia, las relevantes mejoras en los sistemas de salud y asistencia social han deparado una notable prolongación en la esperanza de vida de los españoles, que en el año 1978 era de 75 años (72 para los hombres y 78 para las mujeres) y la mortalidad infantil se había reducido a 1,2 niños menores de un año por cada 100 nacidos con vida. Actualmente, la esperanza de vida al nacer es de 83,2 años (80,4 para el hombre y 85,9 para la mujer) y la mortalidad infantil ha seguido disminuyendo hasta alcanzar 0,26 por cada 100 nacidos vivos.
En conclusión
Aunque todavía queda mucho por hacer en nuestro país en lo socioeconómico -especialmente en materia de empleo- no se puede negar que los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución vigente, aun a pesar de los baches y periodos de crisis experimentados, han supuesto uno de los periodos de la Historia de España con mayores avances y prosperidad, y que hemos gozado de una de las épocas más prolongadas de paz y democracia en la trayectoria de nuestro país.
