La gestión municipal marcó el pleno ordinario de junio, celebrado ayer en el Ayuntamiento. Los concejales se enzarzaron en duros y broncos debates, sobre todo en los temas relacionados con la devolución del préstamo concedido para el desarrollo del edificio de emprendedores del CAT o la negativa del equipo de Gobierno a ejecutar la expropiación de los 10.000 metros restantes de la parcela conocida como ‘Casa de Guardas’, a pesar de que una sentencia obliga al Ayuntamiento a realizarla.
Los ánimos se fueron calentando en el debate de los temas que conformaban el orden del día y llegaron a un grado máximo al presentar Ciudadanos una moción en la que solicitaba la realización de una auditoría operativa en la Concejalía de Urbanismo.
En su exposición, la portavoz de la formación naranja, María José García Orejana, puntualizó que una auditoría operativa “constituye un examen sistemático y objetivo a fin de proporcionar una valoración independiente de las operaciones de una organización, con la finalidad de evaluar el nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzado por ésta en la utilización de los recursos disponibles, detectar sus posibles deficiencias y proponer a la dirección las recomendaciones oportunas”.
Según García Orejana, esta auditoría tiene que realizarla el interventor municipal, y justificó la necesidad de la misma en la gestión del actual equipo de Gobierno, pues, dijo, “llevan nueve años trabajando en el PEAHIS y no se ve una solución a corto plazo; y hay litigios que suponen indemnizaciones millonarias” a las arcas municipales, como el caso del talud de Padre Claret —6,6 millones— o de Soldado Español —1,2 millones—, señaló.
El resto de los grupos de la oposición recogió el guante lanzado por Ciudadanos y todos apoyaron la moción. Para Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida, “En Urbanismo existe un problema desde hace mucho tiempo. Hay que asumirlo y afrontarlo, para que no vuelva a ocurrir”; mientras que Cosme Aranguren, portavoz de UPyD-Centrados en Segovia, “falta un concepto de ciudad claro”. Además, recordó Aranguren, “nosotros pedimos ya un pleno extraordinario y monográfico centrado en Urbanismo”, por lo que su grupo apoyó la moción.
Voto a favor también de los concejales del Grupo Municipal Popular, si bien, explicó la portavoz, Raquel Fernández, “estamos de acuerdo con el objetivo de la moción, que es mejorar la gestión y la eficiencia de la Concejalía de Urbanismo”, pero “discrepamos en la forma, porque no creemos que sea el interventor es que tenga que hacerlo”. Y es que para los populares lo mejor sería que Urbanismo hiciera una ‘hoja de ruta’ a largo plazo, que se fuera revisando anualmente, porque “hay que trabajar desde la raíz”.
“propuesta inconsistente” Alfonso Reguera, portavoz del equipo de Gobierno, defendió la labor realizada desde el área de Urbanismo, afirmando en primer lugar que “todo lo que sale ahora son procedimientos judiciales de temas que vienen de hace años. Son casos muy complejos, Padre Claret, Soldado Español y la ‘Casa de guardas’ son fruto de una gestión especulativa que no tienen nada que ver con la gestión actual de Urbanismo”.
Además, dijo, “la propuesta es enormemente inconsistente”, porque Urbanismo engloba muchas cosas: planeamiento, licencias, ocupación de vías, medio ambiente, disciplina urbanística, el servicio de aguas, el servicio de transportes, etcétera. Así pues, dijo a esta redacción tras el pleno, “la petición es tan amplia que no se sabe lo que quiere ni lo que hay que analizar. La auditoría tardaría como un año y medio o más, porque hay que mirar los procesos uno por uno; y, por otro lado, el coste sería inmenso. Es absolutamente inviable, pero pediremos presupuesto, que será en torno a los 300.000 euros, calculo”. “Lo que se pide es de un volumen tal que es imposible abarcarlo”, añadió.
En cualquier caso, señaló que las mociones —la de Ciudadanos fue aprobada con los trece votos de los concejales de la oposición—, “en general, no son de obligado cumplimiento por el Ayuntamiento, no son vinculantes, son declaraciones de intenciones. Para que fuera vinculante tendría que haber un procedimiento de gestión administrativa que llegara al pleno, con documentación y su partida presupuestaria correspondiente para que el pleno lo conociese y votase en consecuencia”.
