El exdirector gerente y el exconsejero delegado de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) Jorge Rodrigo Domínguez y José Ángel Rivero descargaron en Seguriber la culpa de que varias de las cámaras del pabellón municipal no funcionaran la noche de la tragedia, ya que el informar sobre esta anomalía a la dirección era una de sus obligaciones conforme al contrato firmado para realizar tareas de seguridad activa.
Así lo señalaron durante su testifical en la vista oral del juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid, donde confirmaron que había un contrato de fidelización con Diviertt, la empresa de Miguel Ángel Flores. Precisamente, la existencia de este documento fue la que llevó a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, a cesar a la cúpula de Madridec, entre ellos a Domínguez y a Rivero.
El exdirector de Madridec, actualmente asesor de la Comunidad de Madrid, acudió al pabellón tras la tragedia acompañado por la exconcejal Fátima Núñez y el exdirector de Emergencias Alfonso del Álamo. Pudo ver a dos de las víctimas tendidas en el suelo de la enfermería. Ya habían fallecido. También acudió esa noche al recinto el exconsejero delegado, quien relató que fue a “pedir explicaciones” en persona a Miguel Ángel Flores. “Me dijo que había habido un sobreaforo y que no habían llegado a las 10.600 personas”, recordó.
En su declaración, Jorge Rodrigo manifestó a preguntas del abogado Felipe Moreno que nunca supieron que faltaban cámaras. “Lo desconocía. La dirección nunca lo ha sabido. Yo contrato una empresa de seguridad que lo tendría que decir”, insistió el testigo, una afirmación corroborada por el exconsejero delegado Ángel Rivero.
De hecho, en el vomitorio donde se produjo la avalancha mortal solo había una carcasa vacía sin cámara en el interior, lo que hizo que nadie en el control de cámaras viera lo que se estaba produciendo en el interior.
Sobre este control, el exdirector de Madridec recalcó que el vigilante de Seguriber tenía la obligación de avisar ante cualquier incidencia, dado que en el contrato constaba que hacían funciones de seguridad activa.
Roberto Mateos, el vigilante que debía estar en este cuarto, se ausentó del mismo en el momento de la tragedia, sin avisar de lo que pasaba, según su declaración en el juicio y en instrucción. Así, detalló que Seguriber debía hacer un plan integral con vigilantes activos, desvinculando a Kontrol 34 de haber ejercido tareas de seguridad interior.
Domínguez también destacó que Miguel Ángel Flores no estaba autorizado a vender entradas antes de firmar el contrato. Sobre esta cuestión, especificó que empezó a vender entradas en septiembre de 2012, un mes antes de firmar el contrato con Madridec. Según el testigo, el promotor de la fiesta no tenía permitido usar el pabellón satélite —donde se guardaron las urnas con las entradas— porque “nunca” estuvo alquilado.
