La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, el sindicato Manos Limpias y el PSPV del Ayuntamiento de Valencia son las cinco acusaciones que dirigen acciones penales en el marco del caso Nóos y las que, por tanto, estarán presentes en el juicio que dará comienzo hoy con la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y otros 16 procesados en el banquillo.
Asimismo, también se encuentra personada la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que en su caso únicamente ejercita acciones civiles ante los presuntos perjuicios causados a sus arcas públicas. En concreto, el foco de la causa lo centra el supuesto desvío de 6,2 millones de euros de Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana en distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por las Administraciones.
En concreto, el Ministerio Público acusa a 14 de los inculpados —entre quienes no se encuentra la hermana del Rey Felipe VI—, para quienes reclama más de 100 años de prisión. La única acusación que ve indicios delictivos contra la Infanta es Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales en que habría incurrido su marido los años 2007 y 2008.
En el caso de Urdangarin, éste se enfrenta a una petición de 19 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía, mientras que Manos Limpias reclama para él 26 años y medio, el PSPV once años, y el Govern balear ocho. El Ministerio Público le imputa un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, dos delitos fiscales, y un último de blanqueo de capitales.
Mientras tanto, el fiscal Pedro Horrach pide 16 y medio para su exsocio Diego Torres, para quien Manos Limpias reclama 22 años y medio, el PSPV once y el Govern balear ocho. Sobre él pesan los mismos delitos que Urdangarin, pero con un delito fiscal menos.
En ese sentido, las acusaciones sostienen que ambos urdieron y lideraron una trama empresarial con la que lograron acceder a los fondos manejados por las Administraciones y eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública para apoderarse del dinero público, todo ello mediante “una maraña de facturación ficticia” entre empresas de su propiedad. Para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron “a su antojo” junto a otras mercantiles del entramado a fin de que todas ellas “operasen al servicio de sus intereses comerciales”, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
Entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad y otro de fraude. Sobre la mujer de Torres pesa, por su parte, un delito de blanqueo por el que la acusación pública pide para ella dos años de prisión.
Los otros exaltos cargos de Baleares son el exdirector general de Deportes José Luis ‘Pepote’ Ballester (se enfrenta a una petición máxima de dos años); el exdirector gerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal (la Fiscalía pide ocho años y Manos Limpias, once); el exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía (la Fiscalía le pide un año y nueve meses) y el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet (cuatro años de prisión).
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicita ocho años para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; otros ocho para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela, ocho más para la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también exdirector general José Manuel Aguilar. Finalmente, reclama seis años y medio para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.
Por su parte, Manos Limpias reclama 10 años de prisión para el directivo del Instituto Nóos Miguel Tejeiro, mientras que el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau se enfrenta a 11 años de cárcel y Salvador Trinxet, abogado que habría ayudado a la evasión fiscal, a una solicitud de tres años.
