A vueltas sigue el equipo de Gobierno con la auditoría del área de Urbanismo pedida por el grupo de Ciudadanos en un pleno, y secundada por el resto de los grupos de la oposición. Pero la respuesta sigue siendo la misma que al principio, es decir, que no se realizará y eso a pesar de que en su momento se decidió que esta auditoría afectara solo a Planeamiento y Gestión Urbanística, y no a todo el Servicio de Urbanismo como se pedía en la moción original de Ciudadanos.
Alfonso Reguera, portavoz del equipo de Gobierno, anunció ayer a este respecto que tanto Intervención como el jefe del Servicio de Urbanismo han emitido ya sus informes referentes a la petición de la auditoría. En cuanto al del interventor, explicó que “lo que dice, con fecha 11 de noviembre, es que su competencia es comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales. El contenido de estas funciones es de carácter especializado y centrado en los aspectos de la gestión que tengan una directa repercusión de índole económico-financiera”, es decir, “única y exclusivamente aquellas cuestiones con componentes económicos directos para el Ayuntamiento”, aclaró al respecto Reguera.
“También dice que en el tercer punto de la moción, relativo al análisis del Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS), que resulta ajeno al ámbito del área económico-financiera, puesto que es un procedimiento aparte; y sobre
la gestión del CIDE o el CAT, que no se puede manifestar, puesto que jamás fue gestionado por Urbanismo”, apuntó el portavoz.
Reguera señaló que, por último, el informe de Intervención “también dice que habría que concretar una serie de datos, objetivos concretos, plazos, tiempos, expedientes… y que habría que verlo uno por uno, porque algunos de estos expedientes, como por ejemplo el de la Casa de la Parra, tienen más de 20 años de antigüedad, y habría que ir sacando documentos desde el principio”. “Así que dice que no se puede pedir así —insistió el portavoz—, sino que habría que especificar el periodo de tiempo abarcado, la identificación de las áreas de gestión y la determinación de los objetivos”.
Recalcó también el edil que, “con respecto al área de expropiaciones, Intervención recuerda que los justiprecios (el precio de expropiación inicial) no los establece el Ayuntamiento, sino la Comisión de Valoraciones; y que el precio de la sentencia lo dice un juez, por tanto, tanto económica como legalmente, el Ayuntamiento no tiene nada que decir en estos aspectos”.
En cuanto al informe del jefe del Servicio de Urbanismo “dice que todos los procesos de mejora que se piden implantar, están implantados o en proceso de implantación ya a través de los procesos de administración electrónica, por una parte, y del proyecto RED.es, por otra. Así que no considera que haya que hacer un estudio de los fallos que haya o pueda haber en el sistema cuando ya están vistos, corregidos y en proceso de mejora”, aseguró Reguera.
Para zanjar el asunto, que será presentado en el pleno municipal mañana viernes, insistió el portavoz del equipo de Gobierno que “todo lo que sale del Ayuntamiento, y máxime de Urbanismo, lleva un informe jurídico y un informe del componente económico, por lo tanto está garantizada la rentabilidad económica y el respeto a la legislación vigente y lo que se pide es que se vuelva a hacer lo mismo”, lo que supondría, dijo, destinar los esfuerzos municipales a repetir trabajos ya realizados.
Por ello, concluyó, “los informes lo que dicen, en resumen, es que la auditoría pública no resuelve ni es el objeto de lo que quiere la moción que Ciudadanos presentó en su momento, sino que lo que se busca realmente es que se haga una comisión de investigación”, algo que asumiría el equipo de Gobierno sin problema si llegara a pedirse, afirmó.
