El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, no dictó ayer nuevas medidas cautelares contra Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, después de comparecer durante siete horas en los Juzgados de Plaza de Castilla por una pieza secreta por delitos económicos relacionados con irregularidades en su patrimonio.
Serrano-Arnal tomó declaración por tercera vez a Rodrigo Rato y también hizo lo mismo con el abogado y presunto testaferro del exdirector gerente del FMI, Domingo Plazas. Asimismo, la hermana de Rato, María de los Ángeles, fue otra de las seis personas que declararon ayer, sobre las que no tampoco se dictaron medidas cautelares.
Según el sumario del caso Rato, Rodrigo Rato y su hermana María de los Ángeles controlan, junto con su cuñada Felicidad Salazar-Simpson, una sociedad naviera (Naviera del Pilar S.L.) que de forma opaca “probablemente se utilizó para canalizar, en el ejercicio 2007, fondos de los tres hermanos Rato-Figaredo por un importe conjunto de 1.320.000 euros”.
Así consta en un informe del 11 de noviembre de 2015 de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, que fue remitido al juez Antonio Serrano-Arnal, al que pedían que requiriera las cuentas de la Naviera, descapitalizada entre los años 2010 y 2013.
Rodrigo Rato permaneció siete horas en los Juzgados de Plaza de Castilla, en una jornada que comenzó con un incidente cuando, a su llegada escoltado por dos personas, fue increpado por dos preferentistas de Bankia. El pasado 7 de octubre, el juez ordenó que se le retirara el pasaporte a Rato tras tomarle declaración en relación con la investigación por la comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales.
De esta forma, Serrano-Arnal investiga el patrimonio de Rato y se centra en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es el beneficiario último a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado Domingo Plazas.
Por su parte, Rato recordó tras su declaración que “diez meses después de entrar en mi casa, Hacienda no es capaz de hacer un informe definitivo”, refiriéndose a los informes remitidos por la ONIF.
