La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) hizo público ayer un manifiesto dirigido a los partidos políticos que incluye un decálogo de reformas que permitan caminar hacia una mayor “profesionalidad e independencia” del Ministerio Fiscal, entre los que destaca la eliminación de los plazos de instrucción impuestos en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y dejar en suspenso la implantación de LexNET para lograr papel cero en los juzgados.
Sobre el primero de estos asuntos, los fiscales apuntan que el actual articulo 324 de la LeCrim constituye un “instrumento propio de un sistema procesal inexistente, incompatible con la configuración actual de la instrucción en España y con los medios que se han puesto a disposición de la Justicia española”. Estiman que, además, el proceso penal debería adaptarse plenamente al denominado “principio acusatorio” para que España pueda homologarse a la generalidad de los países occidentales.
En cuanto a la obligación desde el pasado 1 de enero de que todos los escritos en los juzgados se presenten vía LexNet, la APIF la conecta con la ausencia de sistemas informáticos adecuados en los órganos judiciales.
Advierten que los equipos existentes, la mayoría de ellos obsoletos, “lejos de agilizar y facilitar el trabajo diario de los fiscales suponen una pesada carga añadida a la tarea propia de su cargo y un obstáculo a la eficacia”.
Esta situación, según los fiscales independientes, se ha visto empeorada con la implantación del sistema LexNet. “No pueden implantarse sistemas de comunicación telemática obsoletos, fuente de numerosos fallos, sin preparación adecuada a los llamados a aplicarla, sin plantillas adecuadas. No se puede modernizar la justicia con programas y sistemas propios de hace 20 o 30 años implantando presuntas mejoras a coste cero”, lamenta esta asociación.
Por eso piden a los partidos “que se suspenda la implantación de Lexnet en tanto en cuanto no sea un instrumento eficaz para el funcionamiento de la Justicia, lo que pasa inexorablemente por la modernización de sistemas y equipos”, y que se dote a las fiscalías de adecuados instrumentos informáticos que faciliten el cumplimiento de su misión “en vez de sobrecargar y dificultar a los fiscales con tareas que no les son propias”.
Los fiscales también proponen que de una vez por todas “exista un verdadero Pacto por la Justicia que la convierta en un instrumento eficaz en relación con los transcendentes intereses en juego, como son los derechos de los ciudadanos”, que se acometan reformar legales en favor de la independencia y la eficacia de la Justicia española y que se regule la figura del fiscal general del Estado “reforzando la independencia y neutralidad política del Ministerio Fiscal”.
Igualmente, la APIF reclama “que de una vez por todas se dote al Ministerio Fiscal de un reglamento propio de un estado democrático” y que se establezca un Código ético en la Fiscalía, para la jerarquía y para los fiscales
Otras propuestas pasan por incidir en la definición del puesto de trabajo de cada fiscal, lo que tendría consecuencia en los repartos de trabajo, y en dotar ya la Carrera Fiscal de un plan de prevención de riesgos laborales adecuado a su función y de mecanismos ágiles “para la denuncia y detección de las disfunciones que se produzcan”.
Por contra, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, reconoció el esfuerzo que los profesionales del derecho están haciendo para aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia a través de la implantación de la plataforma LexNET, cuyo objetivo es lograr el papel cero en los juzgados.
“Y quiero animarles a seguir haciendo este esfuerzo en esta fase de transición que sabemos que es costosa, como todos los cambios”, señaló al término de una ceremonia organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid que se celebró en el marco de los ‘VIII Encuentros Internacionales’, al que acudieron más de 200 profesionales
