La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez; la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, coincidieron durante la inauguración de las VII Jornadas Jurídicas de Ceuta en la necesidad de un “pacto de Estado como el que se reclama para la Educación o la Sanidad” que propicie la “reorganización y racionalización” del sistema jurisdiccional para “optimizar” sus recursos y ganar en “eficacia, rapidez y proximidad a la ciudadanía”.
La secretaria de Estado repasó las 240 leyes aprobadas durante la última legislatura completa con Rajoy en La Moncloa, “14 de ellas impulsadas por el Ministerio”. Según explicó, esos proyectos deben ser “evaluados” ahora para “ver si cumplen los objetivos marcados”, entre los que subrayó “el refuerzo de la actividad jurisdiccional, el fortalecimiento de la independencia judicial, la desjudicialización de algunos asuntos y la atención a los colectivos más vulnerables”.
De “insoslayable” tildóla necesidad de introducir reformas en los registros civiles y en el ámbito de la asistencial jurídica gratuita, campos en los que apuntó que no se ha podido avanzar “por falta de acuerdo o madurez” pese al “espíritu de diálogo y de consenso con profesionales y grupos políticos” que a su juicio ha demostrado el Partido Popular.
El gran “reto” pendiente es, según su criterio, la “reorganización” del sistema para forjar un nuevo modelo “que lo haga más sostenible” al margen de una “pauta incrementalista” de recursos. “En algunos espacios faltan medios y en otros sobran, por lo que procede introducir cambios para optimizar el conjunto atendiendo al interés general por encima de los de grupos concretos para dar respuestas a las necesidades sociales”, resumió.
La fiscal general del Estado, que participa en las Jornadas Jurídicas organizadas por la Ciudad Autónoma y el Consejo General del Poder Judicial con una ponencia titulada ‘La proyección social del Ministerio Fiscal’, reivindicó un “gran pacto” que permita avanzar hacia una Justicia “más eficaz, rápida y próxima”.
Su “lentitud” actual, advirtió Madrigal, no solo genera “el efecto perverso de las dilaciones” sino también “la adopción de conformidades por indemnizaciones más bajas pero concretas y próximas en el tiempo que otras basadas en expectativas posiblemente más altas”.
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se mostró preocupado por el desarrollo de las nuevas tecnologías y remarcó que “la Justicia será digital o no será. No podemos bajarnos de este tren aunque nos va a costar trabajo adaptarnos a los nuevos requerimientos y a las nuevas herramientas”, señaló del Río, quien pidió a los partidos que la Justicia “entre en campaña” de cara a las generales del 26 de junio.
“Es importante que haya un pacto de Estado, un acuerdo, para mejorar su funcionamiento y, con él, el de la democracia para tener una ciudadanía más protegida», resaltó el presidente del TSJA, que coincidió con la secretaria de Estado en la conveniencia de “reorganizar y racionalizar” los recursos disponibles y de “desburocratizar, especializar y concentrar los medios existentes para acabar con los compartimentos estancos”, un camino en el que Ceuta ha sido “pionera” con la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), una estructura en cuyo éxito “nos va la vida”, según matizó.
