El terremoto mediático de la decisión, rozando la medianoche del pasado jueves, del Tribunal Constitucional de permitir que Bildu esté en las urnas el 22-M siguió ayer teniendo violentas réplicas, y mientras algunos políticos, como los eurodiputados populares Mayor Oreja, Iturgaiz y Vidal Quadras dieron por finiquitado el pacto de Gobierno en el País Vasco, Génova apostó por la mesura, al menos en ese punto, y quiso tranquilizar a su socio, el PSE-EE, que, durante semanas, le ha estado poniendo ojitos a los abertzales. Lo que resulta evidente es que la polémica generada ha alterado la paz de los partidos demócratas, y puede que, como sostuvo el presidente del PP, Mariano Rajoy, se haya dado «un paso atrás» en la lucha contra el terrorismo.
Desde el Gobierno central se eludió el pesimismo, pero no el enfado. Así, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó de «insidias» las acusaciones vertidas contra los socialistas sobre si habían presionado a los miembros del Tribunal Constitucional; los mismos -seis de los siete que votaron a favor, concretamente- que, como recordó la portavoz de UPyD, Rosa Díez, fueron los que colocó el PSOE en el órgano de Justicia.
Este dilema competencial fue hábilmente solucionado por el portavoz de Bildu, Pello Urizar, que valoró el polémico fallo como fruto de «presiones o decisiones políticas», ya que en España «la separación de poderes no es real». Quizás para sostener esta teoría, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, echó más leña al fuego al confesar que han hecho cosas «que no se pueden contar» para que esta coalición pudiera estar en las elecciones del próximo día 22. Tras ellas, el líder jeltzale se reunirá con Zapatero, que le llamó minutos después de conocerse el fallo para convenir la cita.
Ahora falta por saber cuál va a ser el siguiente paso a dar -y por quién- tras la polémica decisión judicial. Si se atiende a la hoja de ruta marcada por la Declaración de Gernika, que fue firmada por EA, Alternatiba y los batasunos el pasado 25 de septiembre, y en la que previamente se exigía un alto el fuego de ETA, habrá una amnistía para «todos los presos políticos vascos» y el establecimiento de una nueva negociación política que termine en la «independencia». Y es que el plan marcado era la legalización de una marca electoral con la que poder acudir a las urnas y parar las detenciones. A juicio del periodista Alfredo Urdaci, «Bildu es un caballo de Troya de la banda».
También será bueno dilucidar las consecuencias inmediatas que va a tener la irrupción de la coalición independentista en el escenario democrático. La gran duda era saber si el pacto de gobernabilidad en Euskadi iba a resultar dañado. La respuesta oficial del PP fue inmediata por boca de su portavoz de Justicia, Federico Trillo: «Lo que quiere ETA es que rompamos el acuerdo, pero no seremos nosotros los que movamos pieza en ese sentido». Son «otros», «empezando por el lehendakari Patxi López y su Gabinete», quienes tienen «la responsabilidad de saber qué van a hacer con esa confianza».
Desde Vitoria, el líder de los socialistas vascos pidió a los miembros de Bildu que demuestren que «rechazan y combaten la violencia» y que exijan el fin de ETA. Además, advirtió de que la sociedad vasca y la democracia tienen más mecanismos para defenderse», y no tolerará nuevos «engaños» e «iniquidades» del pasado «más reciente».
A pesar de sus buenos deseos, López no habló de recurrir la decisión del TC. Tampoco el Ejecutivo central. Solo el PP, como anunció Rajoy, usará todos los medios legales a su alcance -como devolver la sentencia al Supremo- para que las listas «patrocinadas por ETA-Batasuna» no concurran a los comicios, y pidió a Zapatero -que le criticó anoche por su postura en la lucha antiterrorista- que le imite.
El bloque conservador no quiso anclarse en la mesura, y tras exigir Sáenz de Santamaría al Gobierno que siga de cerca a la coalición, Trillo le solicitó pruebas de que no negocia con los asesinos.
Tampoco quedaron fuera de las iras populares los miembros del TC. Así, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, sostuvo que le gustaría ver a alguno de los seis que apoyaron a los abertzales «sentado en el puesto de un concejal del PP en cualquier pueblo vasco». Horas después del fallo, unos desconocidos arrancaron y destrozaron la placa identificativa de UPyD en Bilbao, cuya sede estaba cerca de donde se desarrolló el pasado jueves una marcha a favor de Bildu.
