Los sindicatos acusan: a mediados de la semana pasada, a la mesa del presidente de la CEOE llegó un documento de la empresarial madrileña, CEIM, en el que indicaban que a la vista de que se preveían importantes cambios políticos, en la negociación colectiva sería aconsejable llegar a un acuerdo de mínimos, para que en el futuro se produjeran las modificaciones oportunas una vez que se produjeran esos cambios políticos.
La CEOE acusa: los sindicatos han mantenido una posición flexible durante las negociaciones, han sido sensibles a las sugerencias de los empresarios para fomentar la contratación y crear empleo, pero a la hora de poner negro sobre blanco a los acuerdos a los que en principio había llegado, se echaron atrás porque había temor a que se les dijera que habían hecho suyas las exigencias empresariales más impopulares entre los trabajadores, sobre todo las relacionadas con la flexibilidad laboral y con vincular el salario a la productividad. Una propuesta que lanzó Merkel en su viaje en España, que fue rechazada por el presidente del Gobierno, aunque después la asumió y que en este momento no se sabe si será defendida por el Ejecutivo, porque no existe unanimidad de criterio.
«Zapatero va a aprobar las leyes más incómodas, para no perjudicar a Alfredo», comentaba a esta periodista, antes de la ruptura de las negociaciones entre sindicatos y empresarios, un miembro del Gobierno. Eso significa que habrá acuerdo sí o sí, pero no porque el líder socialista esté convencido de que debe haberlo, sino porque de esa manera hace un favor a un Rubalcaba que, en su papel de portavoz, anunció que estará listo muy pronto tomando como base «los acuerdos a los que habían llegado sindicatos y CEOE un cuarto de hora antes de la ruptura». Habrá negociación colectiva aprobada por el Ejecutivo porque el 24 de junio se celebra una nueva reunión del Consejo Europeo, los jefes de Gobierno de la Unión Europea, y Zapatero tiene que llevar aprobada la reforma laboral, que incluye la negociación.
Si no lo hiciera, las consecuencias para España serían muy graves: seguiría la desconfianza actual, el descrédito se incrementaría, aunque ha alcanzado ya un grado preocupante y, lo que es peor, tendríamos que olvidarnos de que llegaran a buen puerto las negociaciones relacionadas con la agricultura que se inician a partir del mes de septiembre, con la concreción de ayudas para un sector que depende de las políticas europeas y que precisamente estos días atraviesa una grave crisis por la acusación infundada de que el pepino nacional estaba en el origen de la bacteria que ha provocado la muerte a varias personas en Alemania.
Zapatero finalmente llamó a Merkel el pasado jueves para expresarle su preocupación por la irresponsabilidad de la consejera de agricultura de Hamburgo y pedir a la canciller que activara los mecanismos que permitieran indemnizar a los miles de agricultores afectados por la falsa acusación. Merkel ha prometido hacerlo, pero las indemnizaciones las debe aprobar la Unión Europea. Lo que indica hasta qué punto las decisiones del Gobierno español relacionadas con la economía, con los números, afectan al futuro del país. Si el presidente del Ejecutivo no hace bien los deberes, las reticencias a la hora de aprobar ayudas a España serán superlativas. No porque exista animadversión hacia la nación, sino por algo más grave: en Bruselas se ha asentado la idea de que este Gobierno no hace bien los deberes y pone en peligro la estabilidad del euro. Y eso no se perdona. Así que Zapatero necesita el aprobado de la UE el 24 de junio para conseguir de esa manera que se atiendan sus peticiones el mes de septiembre cuando se negocie en Bruselas todo lo relacionado con la agricultura.
Esa es la razón de que al mandatario le preocupe tanto la ruptura de las negociaciones entre sindicatos y CEOE y el cruce de acusaciones mutuas que hacen impensable -de momento- que retomen las conversaciones, lo que obliga a Elena Salgado y Valeriano Gómez a elaborar cuanto antes un proyecto sobre la negociación colectiva que puedan llevar a Bruselas el día 24 y que recoja las exigencias de la UE en materia de reforma laboral, que es lo que se exigió a Zapatero el mes de mayo del año pasado. Y que, de no aprobarse en aquel momento por el Congreso de los Diputados -gracias al apoyo del PNV y la abstención del parlamentario de UPN-, habría provocado, con toda seguridad, la derrota del líder socialista y la necesidad de anticipar las elecciones para que el nuevo Gobierno estuviera capacitado para cumplir los compromisos que exige la UE.
