El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el ex banquero Mario Conde, que fue detenido ayer, ha participado en la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba dinero procedente de las cantidades apropiadas y no encontradas en el ‘caso Banesto’. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga fundamentalmente delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en una operación en la que la UCO de la Guardia Civil detuvo a ocho personas, entre las que se encuentra Mario Conde, su hija Alejandra, su hijo Mario y su yerno.
El registro de la UCO de la Guardia Civil en domicilios y propiedades del exbanquero gallego incluye un pazo en la localidad ourensana de A Mezquita. En la mañana de ayer, agentes de la Guardia Civil acudieron a su domicilio en la calle Triana de Madrid para registrarlo, así como en sedes de empresas familiares, y propiedades del exbanquero.
La operación, coordinada por Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, indaga también si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. En esa línea, la Guardia Civil llevaba un año y medio observando al expresidente de Banesto y sus movimientos de dinero desde Suiza y Reino Unido.
El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión —en 2002 el Supremo elevó su pena hasta 20 años— por los delitos de estafa y apropiación indebida en el llamado ‘caso Banesto’. El banco que presidía fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros. El exbanquero repatrió al menos 13 millones de euros procedentes del extranjero según sospechan los investigadores y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que dirige las actuaciones del Instituto Armado.
La operación contra el exbanquero se dirige además contra otras catorce personas, de las que ocho ya han sido detenidas, todas ellas vinculadas al expresidente de la citada entidad por “estrechos lazos familiares y personales”. Así lo señaló Anticorrupción en una nota en la que informó de que la investigación parte de una querella presentada el pasado 29 de marzo y que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 1.
De esta forma, se atribuye a los investigados delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución – de sentencias dictadas contra Conde como la del ‘caso Banesto’ y otros ocho delitos contra la Hacienda Pública.
En dicha querella, la Fiscalía solicita la práctica de diversas diligencias, como ocho entradas y registros en los domicilios y sedes de los implicados en el procedimiento, que se realizaron ayer por orden del juzgado, así como la adopción de medidas cautelares de aseguramiento patrimonial respecto de estas personas.
La querella, según informó la Fiscalía, tiene su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), recibida el pasado septiembre de 2014, por la que se incoaron unas Diligencias de Investigación. De esta forma, las diligencias fiscales permitieron la recopilación de numerosa documentación en este tiempo, y se contó también con los informes elaborados por la UCO, y la Agencia Tributaria adscritas a esta Fiscalía.
Mario Conde fue condenado por delitos de apropiación indebida en las causas conocidas como “Argentia Trust” (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y “Banesto” (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002). Las cantidades que fueron apropiadas de la entidad financiera Banesto, mientras Conde era su presidente, ascendieron según esas sentencias a más de 26 millones de euros.
Además, se tienen indicios de que una parte muy considerable de los fondos desaparecidos y no recuperados, según la querella del Ministerio Público, ha sido “blanqueada” desde 1999 hasta la actualidad en un montante superior a los 13 millones de euros. De esta forma, la causa fue declarada secreta, según los intereses del Ministerio Público en su querella ante la Audiencia Nacional.
El ex banquero pasó la noche en los calabozos de la Guardia Civil en su Comandancia de Tres Cantos. Así, durante el registro de su vivienda en la que se ha denominado ‘Operación Fénix’, se incautaron de numerosa documentación en la que esperan encontrar nuevas evidencias sobre las actividades de las que se le acusa.
