Un resbalón nos puede salir muy caro. A todos, a los vecinos de la ciudad, ya que si el accidentado o accidentada puede demostrar que la caída en una vía pública ha sido como consecuencia del mal funcionamiento de algún servicio municipal —obras, limpieza viaria, etc.— el Ayuntamiento, que como Hacienda hay que suponer que somos todos, tiene la obligación de desembolsar una cantidad de dinero, más o menos alta en función de las lesiones sufridas. Por esa razón, periódicamente se procede a contratar un seguro de responsabilidad civil y así se ha hecho este mismo mes de enero, una vez vencido el anterior contrato en el mes de octubre, lo que obligó a una prórroga del anterior durante tres meses. Finalmente, la Junta de Gobierno Local autorizó la firma del contrato con la asegura Zurich por una póliza que asciende a 66.967 euros.
Se trata de la oferta económica más ventajosa de las tres recibidas en el Ayuntamiento tras el anuncio de la contratación y supone un ahorro significativo, teniendo en cuenta que el presupuesto base de licitación ascendía a 113.892,80 euros.
Durante el año pasado el Ayuntamiento de Segovia recibió un total de 59 reclamaciones de responsabilidad patrimonial, de las que 26 (el 44% del total ) todavía están pendientes de resolver, según la información que maneja la concejala de Gobierno Interior y Personal, Marisa Delgado, quien comenta que el total es una cifra reducida, aunque supone, de media, más de una a la semana.
De hecho, raro es el jueves que el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno Local no incluye algún expediente sobre este tipo de reclamaciones. Durante 2016 fueron los daños causados en inmuebles por la red de agua municipal (inundaciones por reventones de tuberías o filtraciones) las que acapararon más de una veintena de reclamaciones, seguidas de las caídas de personas en la vía pública, con 19. Otros asuntos fueron daños en vehículos y, ya de carácter anecdótico, las producidas por un supuesto mal funcionamiento de los servicios tributarios o económicos del Ayuntamiento o incluso los relacionados con el área de Medio Ambiente y Protección Civil y hasta el área de Cultura.
Delgado indica que el año pasado se estimaron en total seis reclamaciones patrimoniales pero, según los extractos de los acuerdos de la citada Junta de Gobierno Local, fueron once, aunque en algunos casos se trató de expedientes procedentes del año anterior. En este sentido, la concejala calcula que será dentro de un par de meses cuando se podrá “tener un balance más aproximado” del conjunto de procedimientos iniciados en 2015.
En todo caso, entre las reclamaciones estimadas, la mayor parte corresponden también a daños causados por inundaciones o filtraciones de agua. La cuantía más elevada fue el pago por los daños causados en un inmueble de la calle José Zorrilla, por importe superior a los 7.483 euros, y en otro de Santa Eulalia, por 4.675 euros. En la plaza de Azorín (barrio de Nueva Segovia) otra comunidad de propietarios reclamó y obtuvo el pago de 2.619,65 euros por daños causados por filtraciones, mientras una compañía aseguradora recibió 2.112,85 euros por la misma causa pero en un edificio de la calle General Santiago.
La reclamación del propietario de un coche que sufrió daños ocasionado por una tapa de registro recibió 952,84 euros y los responsables de un aparcamiento privado 440,50 euros por los desperfectos causados por la caída de al rama de un árbol en la entrada del mismo.
La concejala de Gobierno Interior recalca que el alto número de reclamaciones que son desestimadas —de momento 17 de las presentadas el año pasado—, así como las ocho que se han entendido por desestimadas por los reclamantes, fundamentalmente porque no han presentado la documentación requerida en el plazo establecido, se deben a que los afectados tienen que demostrar la relación causa/efecto entre los daños y el mal funcionamiento de los servicios municipales.
En este sentido, desde que la Junta de Gobierno admite a trámite una reclamación de responsabilidad patrimonial —la última admisión se remonta al mes de mayo— se producen una serie de pasos como el nombramiento de instructor o instructora del procedimiento. El Ayuntamiento tiene entonces la obligación de resolver el expediente en el plazo de seis meses desde la fecha de entrada del escrito de reclamación y, si no se produjera así, los interesados pueden presentar un recurso contencioso-administrativo en el correspondiente juzgado de Segovia. Contra las resoluciones desestimatorias o estimadas parcialmente puede presentarse también recurso contencioso administrativo e incluso, antes, recurso de reposición por la decisión tomada en junta de gobierno.
Precisamente, el año pasado el Gobierno municipal requirió a una aseguradora para que procediera al pago de 82.681,65 euros, en concepto de intereses, en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia por un procedimiento iniciado tras una reclamación de responsabilidad patrimonial.
Por otra parte, se rechazó un recurso de reposición de una aseguradora por una reclamación estimada parcialmente, ya que no incluía 51,30 euros de gastos por desplazamiento que la reclamante entendía debía abonar el consistorio segoviano.
El contrato de la póliza del seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento incorpora, como es habitual, el concepto de franquicia, una cuantía de dinero fija, un mínimo según los casos, que corresponde abonar al asegurado, en este caso al municipio, cuando resulta acreditada que la causa del daño sufrido por un tercero se ha debido al funcionamiento de un servicio público municipal. El año pasado la cuantía era de 500 euros por daños causados por caídas en la vía pública y daños generales y de 1.000 por daños causados por agua, y tuvo que hacerse efectivo en dos ocasiones en el primer supuesto y en una en el segundo. Con el nuevo contrato que estará en vigor este año la franquicia se ha reducido a 350 y a 650 euros, respectivamente, lo que, en principio, beneficia a las arcas municipales.
