El juez la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó ayer un auto en el que acordaba levantar el secreto del caso ‘Acuamed’, en el que investiga a varios altos cargos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, dependiente del Ministerio de Agricultura, por recibir sobornos de compañías a las que beneficiaba en las adjudicaciones públicas.
En la misma resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pregunta a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas si procede declarar compleja o no la causa, conforme al artículo 324 de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El juzgado pone las actuaciones a disposición de las partes a través de una plataforma digital, previa presentación de un escrito en el que deberán comunicar los datos del abogado o procurador que accederá al sistema.
El juez envió el pasado enero a prisión a la ex directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed, María Gabriela Mañueco, y al ex director general, Arcadio Mateo, a quien el juez impuso una fianza de 600.000 euros para salir de la cárcel.
En el marco de este procedimiento, el exsubsecretario de Presidencia y exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, testificó que el que fuera ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, defendió la permanencia al frente de Acuamed de Arcadio Mateo.
El instructor imputó a los trece detenidos en la operación ‘Frontino’ la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho. Entre los investigados, también se encuentran el responsable de contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor; el responsable de proyectos en Valencia de esta empresa, Pablo Martín; y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman.
La operación ‘Frontino’ se dirigió también contra tres cargos de FCC, el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado (en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros), el directivo Santiago Farré (20.000) y el ingeniero Miguel Roset (20.000).
Además, quedaron en libertad el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente (50.000); el director de proyectos de Altyum, José Ramón González (12.000); el presidente de Pipeline, Manuel Moreno (12.000); el delegado en Alicante de Altyum, Javier Delgado López (20.000) y el ingeniero David José Blanca (20.000).
