Varias de las partes que están personadas en el caso conocido como de las ‘prejubilaciones millonarias’ de la extinta Caja Segovia recurrirán el auto en el que se archiva el procedimiento por parte del Juzgado de Instrucción número 2 y de lo Mercantil.
La causa de las prejubilaciones multimillonarias de las que son beneficiarios diversos directivos de Caja Segovia se abrió a finales de 2011 a raíz de la denuncia que presentó Unión Progreso y Democracia (UPyD), que sostenía que una decena de miembros del comité de dirección han percibido o percibirán, en su conjunto, entre 30 y 40 millones de euros.
Esta cantidad se repartirían una docena de directivos en concepto de indemnizaciones por prejubilaciones y en planes de pensiones que se están percibiendo en la actualidad.
Los denunciantes vieron indicios de delito por las «elevadas cuantías» destinadas a los directivos de Caja Segovia en la última etapa de existencia de la entidad, antes de integrarse en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia.
La Fiscalía denunció que en el año previo a la desaparición de Caja Segovia se habían incrementado «desproporcionadamente» las retribuciones del Comité de Dirección de la entidad «con el único y deliberado propósito de incrementar de igual modo la base de cálculo de su pensión o dotación por prejubilación». UPyD, por su parte, dudaba de que la prejubilación otorgada al exdirector general de la entidad, Manuel Escribano, que según el partido ascendía a 12 millones, se ajustara a la indemnización que legalmente le correspondía. Este partido advertía además de que se contrató un seguro con Caser para incrementar la pensión del director general adjunto y los miembros del Comité de Dirección y de posibles irregularidades contables por parte del director de Auditoría que habrían llevado a la Caja a una quiebra técnica que fue salvada con la integración en Bankia.
Por si fuera poco revelaron que las aportaciones a esta aseguradora se hicieron el último día del año 2012, a medianoche, con el propósito de que los traspasos dinerarios quedaran solapados.
Entre las partes personadas en la causa se encuentra Izquierda Unida (IU), la Confederación Intersindical de Cajas CIC, y Bankia. Desde IU, única entidad política que quedó tras la retirada de UPyD, tienen previsto ofrecer hoy jueves más datos a través de una rueda de prensa. También la Fundación Caja Segovia estuvo personada hasta que desistió en junio de 2015.
Como denunciados figuran los miembros del comité de dirección con Atilano Soto y Manuel Escribano a la cabeza. Aunque también otros directivos que el Juzgado ha ido discriminando en función de su distinta responsabilidad.
Según el juez, el archivo y sobreseimiento están basados en la «atipicidad penal de los hechos denunciados e investigados». Es decir, que el magistrado no ve que los delitos denunciados estén tipificados como tales. Esos hechos «denunciados e investigados no se cometieron, por lo que ha de acordarse el sobreseimiento libre y archivo definitivo de las presentes diligencias», concluye el auto.
Para el juez, ninguna de las diligencias de investigación realizadas en este procedimiento permiten acreditar la concurrencia indiciaria de los elementos, objetivos y subjetivos, de los tipos penales denunciados.
En esta investigación han prestado declaración judicial como investigados Atilano Soto Rábanos, (presidente del Consejo de Administración y del Comité de Retribuciones entre 2006 y 2010), Manuel Agudíez Calvo (vicepresidente primero del Consejo de Administración y vocal del Comité de Retribuciones entre 2006 y 2010), Elena García Gil (vicepresidenta segunda del Consejo de Administración y secretaria del Comité de Retribuciones), Manuel Escribano Soto (director General), Antonio-Luis Tapias Domínguez (secretario general) y Enrique Quintanilla Herrero (director de Recursos Humanos).
El juez recuerda que antes de marzo de 2011 no existía norma alguna vinculante sobre la limitación de las retribuciones de los directivos de las entidades financieras, sin perjuicio de la responsabilidad exigible en el marco del derecho mercantil. Cabe colegir -argumenta el magistrado- que «ninguno de los investigados, ni de forma individual ni colegiada, ha causado dolosamente, y con abuso de las funciones propias de su cargo, un perjuicio económicamente evaluable para la entidad o para los socios de ésta».
Añade el auto que las retribuciones percibidas no resultaban desproporcionadas con la cuenta de resultados de la entidad. Además añade que se producía la «permanente supervisión de los órganos de inspección y fiscalización del Banco de España», así como que sus cuentas anuales fueron auditadas «sin salvedades» tan por los auditores internos como externos. Entre estos últimos cita a las empresas Ernest & Young y KPMG. «Ninguna de las diligencias de investigación realizadas en este procedimiento permiten acreditar la concurrencia indiciaria de los elementos, objetivos y subjetivos, de los tipos penales transcritos.
Un auto “profundamente injusto”, según Centrados en Segovia
De “profundamente injusto” califica Centrados en Segovia el auto del Juzgado que archiva el caso de la prejubilaciones.
Centrados en Segovia es la asociación heredera de UPyD, que abrió el caso. Sin embargo esta formación desistió como parte acusadora el 20 de febrero de 2015. De hecho, la formación magenta convirtió esta cuestión en su principal caballo de batalla en las últimas elecciones y ello le reportó importantes respaldos en Segovia, siendo la provincia con mayor crecimiento en votos. Sin embargo a nivel nacional no obtuvo el mismo resultado. Y fue esa bajada electoral la que dejó al partido sin fuerza económica para continuar su lucha. Sus sucesores en Segovia se agrupan hoy en la Asociación Cultural Centrados en Segovia. Ayer mismo emitieron un comunicado en el que expresan su “disconformidad” con el resultado del auto del que este diario ya dio cuenta ayer. “Al mismo tiempo recordamos que es recurrible y esperamos que las acusaciones personadas presenten los recursos contra dicha resolución en los plazos legales”, añaden desde la asociación.
