El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos, presentó ayer su dimisión, por su presunta relación con el caso Acuamed. Ramos trata así de defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad en su cargo anterior como secretario de Estado de Medio Ambiente.
La dimisión se produce en el contexto del desarrollo de la ‘Operación Frontino’, que investiga la presunta adjudicación fraudulenta de obras por parte de la empresa Acuamed y que se saldó con la detención de 13 personas, entre ellas, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y la directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco.
Fuentes de la investigación desvelaron ayer que el actual subsecretario de Presidencia y exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, participó en la reunión en la que se pactaron, con representantes de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), compensaciones indebidas de 40 millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya reveló el miércoles los pagos irregulares en un auto en el que aseguraba que la empresa adjudicataria, implicada en la trama que tenía como epicentro la sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, pactó con “altos cargos” del Ministerio esta retribución ilegal.
Varios denunciantes anónimos, trabajadores del organismo dependiente de Agricultura, apuntaron en distintas declaraciones judiciales sus sospechas sobre el papel que Ramos desempeñó en aquella negociación ahora investigada. En aquel momento presidía el Consejo de Administración de Acuamed.
En el auto en el que envía a prisión a cinco personas, entre ellas el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, el juez Velasco precisaba que la compensación irregular quedó reflejada en los presupuestos generales del Estado de 2015. También se consignó una cantidad total de 26 millones en los presupuestos de 2016.
El pago irregular arranca de una inundación en la desaladora del bajo Almanzora (Almería), adjudicataria de Abengoa y de FCC. Acuamed no exigió que FCC cubriera los desperfectos, como debería haber hecho dado que existía un seguro a todo riesgo contratado en previsión de posibles daños.
A cambio cerró un acuerdo por el que Acuamed se comprometía a abonar ella misma un 40 por ciento y reclamar a las adjudicatarias el pago del 60, prometiendo que le sería compensado a través de la concesión de otras obras.
El proyecto elegido para ultimar el plan fue la descontaminación del pantano de Flix, que sirvió para ejecutar la compensación fraudulenta. De una facturación de 3,5 millones se pasó a «diseñar» pagos de 40 millones ficticios, que se intentaron justificar mediante la certificación de obra no ejecutada.
