La Junta de Castilla y León promoverá el agrupamiento de propiedades forestales para luchar contra el minifundismo y el abandono de terrenos, para lo cual iniciará entre 4.000 y 5.000 procesos durante los próximos diez años.
Este es el plazo que se ha fijado el Gobierno regional, consciente de la “complejidad” y “dificultad” del proceso, según reconoció el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, quien presentó ayer en Valladolid el Estudio de la Propiedad Forestal en Castilla y León.
De este documento se desprende que la región cuenta con 719.039 propietarios forestales que poseen una media de 6,73 hectáreas, aunque la distribución varía en función de las provincias.
Así, Burgos se sitúa como la más fragmentada, seguida de León, mientras que Salamanca se coloca a la cabeza de la situación contraria. En concreto, la división afecta al 12% de la superficie forestal de Castilla y León, dentro de lo cual cabe destacar que existen más de 700.000 propietarios particulares que son titulares de una superficie media de 3,1 hectáreas.
Sin embargo, la mayor parte de la superficie forestal, 3,7 millones de hectáreas, están distribuidas entre 8.000 propietarios, de los que 3.400 son entidades locales y 4.600, particulares. Según subrayó Arranz, esto es “susceptible de una gestión adecuada y económicamente viable”.
Emergencias
Por ello, defendió la agrupación de propiedades, de manera que, aunque cada propietario mantenga la titularidad, se gestionen de modo conjunto. Con ello se pretende evitar la atomización de terrenos y el abandono de los mismos, ya que en muchos casos pertenece a personas que residen lejos y que no muestran interés por los mismos, una situación que genera problemas, según Arranz, como el incremento de incendios forestales.
En este sentido, abogó por que en cada municipio se potencie el proceso de agrupación y concentración, algo “más sencillo que la concentración parcelaria hecha en la superficie agrícola”, de manera que, si bien no se obligará a tomar parte de él, sí se adoptarán fórmulas para evitar que la pasividad o rechazo de un propietario frente la operación, el cual sería responsable posteriormente de los incendios u otros perjuicios que se generaran.
No obstante, el director general confesó que el éxito en cada municipio del proceso dependerá en buena medida de la implicación de cada alcalde, por lo que avanzó que la Junta se apoyará en las entidades locales y asociaciones de propietarios para incentivar el nuevo modelo.
Actualmente, la ley ya impide que en operaciones de compra-venta puedan disgregarse parcelas de menos de 25 hectáreas, a fin de evitar una mayor fragmentación de las propiedades.
La superficie forestal de Castilla y León asciende a 4.838.441 hectáreas, el 51% del territorio, lo que la convierte en la comunidad de España con mayor superficie forestal, con un porcentaje superior a la media europea y mundial. La provincia con mayor superficie forestal y número de propietarios es León, con más de un millón de hectáreas, y la menor, Valladolid, con 150.000 hectáreas.
Inicios
Según el estudio, el 55% de la superficie es de propiedad pública. En el norte predomina la propiedad pública de los terrenos, cerca del 80% en el caso de León. Por su parte, las provincias del centro tienen unos porcentajes de propiedad más equilibrados y conforme se avanza al sur predomina la privada en las provincias con dehesas -Ávila y Salamanca especialmente- donde el 82% es de propietarios privados.
Los ayuntamientos, juntas vecinales, comunidades de villa y tierra y otras entidades públicas son los principales dueños. En total, constituyen 5.405 titulares que poseen más de 2,6 millones de hectáreas. El tamaño medio de las propiedades es de unas 500 hectáreas. Los montes de mayor entidad se sitúan en la provincia de Soria y los más pequeños en Valladolid. El mayor propietario de Castilla y León es la Junta, con más de 90.000 hectáreas.
