No aguantan más. Los abogados han decidido dar un paso al frente para oponerse con todas sus fuerzas al proyecto de Ley de Justicia Gratuita que quiere poner en marcha el Gobierno, y anuncian una «batalla brutal» contra un nuevo marco jurídico que consideran «disparatado» y que en su opinión sitúa la justicia «en la antesala de la privatización».
Las palabras entrecomilladas fueron pronunciadas por el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo, que presentó ayer en la sede colegial los actos que tendrán lugar mañana con motivo del Día de la Justicia Gratuita, que este año tendrá un marcado carácter reivindicativo en contra de la ley auspiciada por el ministro Ruiz Gallardón.
En un encuentro con los medios de comunicación, Sanz Orejudo avanzó algunos detalles del nuevo marco legal sobre Justicia Gratuita que a su juicio no sólo empeora las prestaciones de abogados, sino también el servicio y la asistencia que se presta a los ciudadanos.
Así, manifestó que el Colegio de Abogados tramitó en Segovia un total de 2.265 solicitudes de justicia gratuita y en lo que va de año se han gestionado ya alrededor de un millar de expedientes; cifras que para Sanz Orejudo prueban que este servicio «se ha convertido en una auténtica necesidad para las familias que tienen que defender sus derechos».
El decano señaló que la nueva propuesta del Gobierno fomenta las desigualdades, pues no tiene en cuenta la capacidad económica de ciertos colectivos cuando este factor prima con respecto del derecho.
Además, se refirió a uno de los aspectos de la nueva normativa, que hará posible que cualquier letrado del país pueda acudir a cualquier ciudad de España a llevar un turno de oficio, lo cual «rompe con el principio de la exigible cercanía entre el ciudadano, el profesional y la propia Justicia«.
Sanz Orejudo insistió en que la nueva ley no sólo no garantiza la financiación del servicio del turno de oficio, sino que además impone las costas a los abogados en caso de desestimación de una acción planteada en nombre de un justiciable que ha solicitado un turno de oficio.
El decano aseguró que la abogacía «está planteando una batalla brutal a nivel nacional, aunque esperemos que la cordura y el sentido común exigible a los políticos se traduzca de verdad».
Pese a esta primera declaración conciliadora, Sanz Orejudo no dudó en asegurar que la nueva ley «pone de manifiesto la «incompetencia del ministro Alberto Ruiz-Gallardón para solventar los problemas que tiene la justicia, ya que nadie salvo él acepta la nueva normativa, como demuestra que los propios diputados y senadores del PP coinciden en considerarla un «disparate».
«Parece ser que, aparte de los ciudadanos, hasta los parlamentarios pintan poco y están a la voz de los criterios economicistas del Gobierno», afirmó el decano del colegio segoviano.
Sanz Orejudo recordó que los abogados han pedido la retirada del proyecto y que el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para solicitar su implicación en un diálogo abierto sobre la Ley.
