La sede de Unión Progreso y Democracia (UPyD) vivió ayer una mañana electoral en la que los afiliados votaron las candidaturas presentadas para la renovación del Consejo Territorial — el máximo órgano ejecutivo en la región, con un mandato de cuatro años y formado por hasta once personas — y del Consejo Político Territorial, el órgano consultivo formado por 75 representantes cuyo fin es hacer el seguimiento de la política autonómica, avalar los programas electorales y aprobar el informe de gestión del Consejo Territorial. Su mandato también es de cuatro y se han presentado 90 candidaturas individuales de las nueve provincias.
El resultado del proceso electoral interno revalidó la responsabilidad de Rafael Delgado, el anterior responsable de la Gestora, con un respaldo de 90% del escrutinio. La portavoz de la formación magenta en Segovia, Luciana Miguel calificó esta elección de cargos entre los afiliados como de“imprescindible para la regeneración de la democracia y los partidos”.
Miguel reiteró la intención de UPyD de seguir adelante con los procesos judiciales de Caja Segovia y asumir el coste de 1.000 euros y 2.500 euros solicitados por la fiscalía como fianza para los casos de las retribuciones de cargos a directivos y la hipoteca del Torreón de Lozoya, donde UPyD pidió personarse como testigo tras las denuncias de los propios consejeros.
“Supone un esfuerzo añadido —apuntó Miguel— pero vamos a asumirlo porque si el partido no hubiese denunciado, los segovianos ni siquiera habrían tenido conocimiento de lo sucedido y, debemos llegar a conocer todos los datos”.
