Trece de los dieciocho magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo —incluyendo los eméritos— exigen al presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que actúe ante el presidente del Gobierno por lo que consideran injerencias del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al calificar de “lamentables” y posible prevaricación las recientes excarcelaciones de miembros de ETA.
Así lo manifestaron en una carta sin precedentes dirigida al presidente de la Sala, Manuel Marchena, en la que piden que éste se dirija a su vez a Lesmes para que haga saber al Gobierno que las manifestaciones de Fernández Díaz muestran “desconfianza en las instituciones” y no guardan debido respeto al Tribunal Supremo. Le piden expresamente que requiera a Mariano Rajoy que “ponga coto” a manifestaciones como éstas.
El conflicto de fondo es la decisión de la Sección Primera de la Sala Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de excarcelar a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, ‘Santi Potros’, y Alberto Plazaola en aplicación de la decisión marco de la UE, dictada en 2008, que permite acumular penas dictadas a presos españoles en otros países. La ley que traspone dicha normativa, y que restringe sus efectos a las sentencias dictadas con posterioridad a agosto de 2010 entró en vigor un día después de las puestas en libertad, el pasado día 3.
La nota transcribe las manifestaciones realizadas por Fernández Díaz al periódico ‘La Razón’ en las que éste califica de “lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente” la decisión de la Audiencia Nacional y sugiere que los magistrados que la adoptaron —Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez— podrían haber incurrido en prevaricación.
Los magistrados del Supremo firmantes, “sin añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno” quieren que Lesmes conozca su “desazón” y que, si considera que las manifestaciones del ministro “no son adecuadas ni guardan el debido respeto a este tribunal” lo haga saber al presidente del Gobierno “recabando de éste la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos”.
