Nuclenor, empresa propietaria de Santa María de Garoña, dispone de algo más de cuatro meses para solicitar la reapertura de la central nuclear, situada al norte de la provincia burgalesa. Esta posibilidad se abre tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, una norma que establece que el titular de una instalación nuclear pueda solicitar una renovación de la autorización de su licencia de explotación siempre y cuando no haya afección a la seguridad nuclear, a la protección radiológica y que el cierre no haya sido derivado de alguna de estas circunstancias.
Ahora deberá ser la empresa propietaria quien mueva ficha y tramite el permiso necesario para la reapertura de la planta antes del 6 de julio. La norma establece que esta solicitud debe realizarse antes de un año después del cese de actividad, situación en la que la central nuclear de Garoña entró el 6 de julio de 2013 tras llevar en parada desde el 16 de diciembre de 2012.
Nuclenor recibió la noticia de forma «muy positiva», aunque con cautela. Fuentes de la empresa propietaria (participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola) manifestaron que «valorarán las nuevas condiciones para solicitar la renovación del permiso al Ministerio de Industria».
La empresa destaca que, a pesar de que la planta lleva parada catorce meses se ha mantenido la totalidad de la plantilla y se han continuado desarrollando las actividades necesarias para mantener la instalación en las mejores condiciones «que garantizan su seguridad y su capacidad para volver a funcionar».
El mismo presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, manifestó esta semana en Londres que «si cambian las cosas estaríamos encantados de volver a poner en marcha» la central nuclear de Garoña. Galán reiteró que la única condición es que sea economicamente viable, «algo que ahora no sucede por las tasas impuestas por el Gobierno».
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la tramitación de este Real Decreto ha sido «larga» porque el Gobierno ha esperado a un informe de conformidad de la Comisión Europea para asegurar que el texto se ajusta a la normativa comunitaria.
