f. descalzo / segovia
Caja Segovia afronta este mes un nuevo proceso electoral que finalizará con el nombramiento de unos órganos de gobierno que —en teoría— serán los menos politizados y con el mayor nivel profesional de los últimos años.
Así lo prevé la Ley de Cajas de Castilla y León a la que deberá ajustarse todo el proceso, y los estatutos internos que la asamblea del próximo 20 de octubre sacará adelante.
La Asamblea General Extraordinaria del jueves 20 será, pues, el punto de partida de una renovación general. Como otras cajas de la región, como Caja Ávila o Caja de Burgos, se adaptarán a la nueva situación creada por la segregación de negocios bancarios al Banco Financiero y de Ahorros y de éste a Bankia, en el caso de Ávila y Segovia. Los 120 miembros de la Asamblea General y los 17 del Consejo de Administración, tendrán que ser elegidos de nuevo.
Según el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, en la asamblea se informará también del acuerdo del pasado 16 de junio de la Junta de Castilla y León que aprobó la modificación de los Estatutos y del Reglamento de Procedimiento Electoral de la caja.
De la misma forma, se presentará el informe relativo a la novación del contrato de integración para su adaptación al Real Decreto de reforzamiento del sistema financiero y se aprobará, en su caso, la aplicación del régimen de consolidación fiscal previsto en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.
En la asamblea se nombrará un auditor externo para el ejercicio 2011 y se dará cuenta de la modificación del artículo 31 de los Estatutos, previo requerimiento efectuado por la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, en el ejercicio de las competencias delegadas por la asamblea del pasado mes de diciembre de 2010.
Los consejeros generales tienen a su disposición, desde esta semana pasada, en la Secretaría General de la entidad, la información suficiente relacionada con los temas que se van a tratar.
La modificación de los órganos de Gobierno se producirá después de que el pasado mes de julio se suspendiera otra asamblea que tenía este mismo objetivo. Una vez que la Junta ha dado su visto bueno, la Asamblea General aprobará la modificación de estatutos, que de nuevo requerirá ser ratificada por el Consejo de Gobierno de la Junta. De ahí la decisión pasará al Consejo de Administración de Caja Segovia, tras el cual, la Comisión de Control se constituirá en Comisión Electoral que vigile los comicios.
Sin duda una de las principales novedades que conllevará la convocatoria es el cumplimiento de unos amplios requisitos para quienes integren estos órganos. El más destacado es que no podrán sentarse cargos políticos electos, lo que hace que muchos de los actuales miembros del Consejo de Administración y de la Asamblea General no podrán seguir en el puesto.
Además de esta incompatibilidad, la modificación del reglamento electoral y los estatutos, Caja Segovia se presenta con el ánimo de profesionalizar las entidades, por lo que los representantes deben presentar experiencia anterior y cualificación en el ámbito económico. Todo ello complicará la elección, al menos de los representantes de las corporaciones municipales y de las Cortes regionales. Ambos grupos representan a cerca del 40 por ciento de los consejeros. La Ley es tajante y dice que la representación de las Administraciones Públicas y Entidades y Corporaciones de Derecho Público en los órganos de gobierno “no podrá superar en su conjunto el 40 por ciento del total de los derechos de voto”. Esta condición es válida para los 120 miembros de la Asamblea General, y para los 17 del Consejo de Administración, donde actualmente se supera ese porcentaje.
A los nuevos cargos que resulten se les exige ser impositores de la entidad, estar al corriente en el cumplimiento con la Caja de Ahorros, tener honorabilidad comercial y profesional, y preparación técnica y experiencia adecuada.
Además los compromisarios y consejeros generales representantes de los impositores deben tener la condición de depositantes con una antigüedad superior a dos años en el momento de la elección y un saldo medio en cuentas o un número de movimientos en las mismas, indistintamente, no inferior a lo que se determine por la Junta de Castilla y León.
A diferencia de las convocatorias anteriores, los compromisarios resultarán únicamente de la demarcación de Segovia. Ya no computarán los impositores ni los empleados de las oficinas que Caja Segovia tiene (tenía si se piensa en Bankia) en Valladolid y en Madrid.
