El caso Noos volvió a escribir ayer un capítulo más en el proceso judicial que lo investiga después de que el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach presentara un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el que solicitaba la declaración, en calidad de peritos, de los inspectores de la Agencia Tributaria que elaboraron los informes que exoneraron a la Infanta de la comisión de un delito contra la Hacienda pública.
Por ello, considera «imprescindible» que, con carácter previo a la declaración de la hija de Don Juan Carlos, fijada para el próximo 8 de febrero, se recojan estos testimonios. Asimismo, el fiscal afirma que el juez instructor del caso, José Castro, ha llevado a cabo una «teoría conspiratoria» en la que se apoya para «justificar la existencia de indicios delictivos» que avalan la imputación de Doña Cristina.
El Ministerio Público sostiene que el magistrado ha construido su «tesis inculpatoria» sobre estos informes, por lo que consideró necesario el someter a «ratificación, ampliación y contradicción» dichos documentos.
Horrach indicaba en su texto que si el propio juez instructor ha puesto de manifiesto «dudas» sobre la apariencia delictiva de las conductas de naturaleza tributaria atribuidas a la hija del Rey, a lo largo del que considera como «largo y extenso auto», será conveniente despejarlas.
Así, consideró «imperativo» citar a quienes puedan despejarlas, y recordó que «las dudas no sirven como base de una imputación, porque la duda en un procedimiento equivale a la mera conjetura, sospecha o especulación».
De otro modo, según destacó el fiscal, «se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de Doña Cristina verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos».
Según defiende Horrach, «nadie discute el hecho de que la esposa de Iñaki Urdangarín realizase con cargo a la sociedad gastos estrictamente personales», pero considera que «no tiene sentido, a efectos de la comisión de un supuesto delito fiscal, teorizar sobre gastos personales cargados a la sociedad», ya que es «nula» su relevancia penal.
Explicaciones
Por ello, destaca que la afirmación de Castro, en la que considera como «escasamente probable» que la cuota defraudada supere los 120.000 euros es «de todo punto errónea», ya que no solamente es «escasamente probable», sino «materialmente imposible».
«Es imposible, dada la cuantía de los gastos personales -de la Infanta-, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros», destacaba el fiscal en su texto, en el que además afirma que, no solamente es posible determinar las cuotas que podría haber supuestamente defraudado a la Hacienda Pública en sus declaraciones del IRPF, sino que hacerlo resulta «sumamente sencillo».
Y por ello se preguntaba el motivo por el cual el juez no lo ha hecho, al tiempo que le señala que «siendo encomiable» su labor, opina que ésta era «innecesaria e induce a confusión», ya que todos los gastos reflejados en las facturas analizadas por el Magistrado ya habían sido objeto de estudio con anterioridad por la Agencia Tributaria en funciones de auxilio judicial, quien las había calificado de gastos personales ajenos a la actividad mercantil, y por tanto, gastos no deducibles de Aizoon.
Horrach solicita, además, la declaración en este caso de la Inspectora Jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional.
