La Jefatura Superior de Policía de Baleares ha entregado un informe al decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, en el que recomienda que la Infanta Cristina baje en coche la rampa que da acceso a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, justificando su postura en estrictos motivos de seguridad.
Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que, ya con el informe en sus manos, el decano hará pública su decisión al respecto hoy como muy tarde.
Desde la Jefatura ven aconsejable que la Infanta no esté «demasiado expuesta» ante el riesgo de que pudiera ser increpada a su llegada a las dependencias judiciales. Asimismo, tras haber estudiado los puntos de riesgo que rodean al edificio, las medidas de seguridad van a pasar por impedir posibles agresiones debido al lanzamiento de objetos.
De este modo, de cara a la comparecencia judicial de la Duquesa de Palma, prevista para el próximo 8 de febrero, se adoptarán los dispositivos de seguridad necesarios para que la declaración se desarrolle en condiciones de normalidad.
En este contexto, se han establecido idénticos criterios a los que se adoptaron en febrero de 2012 y febrero de 2013 con motivo de la comparecencia de Iñaki Urdangarín, también como imputado, ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro. En este caso, el yerno del Rey tuvo la opción de ahorrarse el paseíllo, si bien aceptó darlo.
De este modo, dado que la citación está señalada en sábado y las dependencias judiciales están cerradas al público, no se permitirá el acceso a los medios al interior del edificio. No obstante, se habilitará un espacio para los periodistas en el aparcamiento, junto a la puerta de acceso al inmueble, por la que entrará la Duquesa de Palma una vez descienda la cuesta situada en la parte trasera del edificio.
Asimismo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, «nunca va a estar solo, por lo menos desde el punto de vista de la Fiscalía», al tiempo que añadió que, «pese a la discrepancia», «siempre» han acatado «respetuosamente sus decisiones y tendrá siempre, lógicamente, el apoyo de quien defiende la legalidad, que es la Fiscalía».
Este mismo Ministerio Público se opuso a que el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sea citado como testigo, tal y como solicitaba el exsocio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, quien solicitó su comparecencia de cara a esclarecer cómo se negoció el convenio por el que una entidad sucesora de Nóos percibió 144.000 euros públicos para preparar la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados.
Por otro lado, el exprofesor de Esade recurrió la decisión del magistrado andaluz de que la declaración de la Infanta Cristina sea grabada únicamente en audio y no en vídeo, al considerar que esta medida supone un «trato dispar, incompatible con el principio de igualdad de los ciudadanos» y que, además, «no tiene amparo legal de ninguna clase».
«Escandalosa»
Conviene recordar que el pasado martes, el magistrado subrayó que, de este modo, se permitirá agilizar el interrogatorio frente a la primera deposición del exbalonmanista, que acabó teniendo «una duración a todas luces escandalosa, próxima a las 25 horas».
«Y no porque ese tiempo fuera el invertido en formular las preguntas y en contestarlas», añadió el togado, «sino porque la constatación de cada respuesta generaba un interminable debate sobre su correcta redacción».
Esta circunstancia llevó a Castro a acordar que todas las declaraciones en el marco del caso Nóos serían grabadas, de modo que gracias a ese sistema «la instrucción de la causa se ha agilizado, permitiendo acumular en una sola jornada actuaciones que, en otro caso, requerirían varios días, y se ha dotado de mayor seguridad a la documentación judicial», sin que la misma haya trascendido a los medios de comunicación.
Otra decisión de Castro, la última, ha sido admitir la personación en el marco del caso Nóos de la asociación Frente Cívico Somos mayoría, promovida en 2012 por el exdirigente del PCE y de IU Julio Anguita, que se suma así a las también acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias y los concejales del PSPV de Valencia.
