La Gerencia Territorial de Justicia de Castilla y León ha nombrado un depositario en Segovia para los vehículos intervenidos judicialmente en la provincia. De esta manera, cuando se produzca una orden de los juzgados en este sentido, se depositarán en una nave situada en una zona industrial de la capital, según ha informado el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando.
La Asociación de Vecinos del Cristo del Mercado había anunciado a principios del verano la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la existencia de vehículos abandonados en la vía pública en condiciones lamentables, con el consiguiente riesgo, de accidentes para los vecinos y de incendio en los vehículos de los residentes estacionados en la proximidad de los mismos.
La respuesta del Ayuntamiento de Segovia, después de que los representantes vecinales, encabezados por su presidente, Juan Bautista Mullor, se entrevistaran con la alcaldesa, Clara Luquero, y con la concejala de Participación Ciudadana, Blanca Valverde, fue que los servicios municipales tenían las manos atadas ante este problema, ya que se trata de vehículos inmovilizados por orden judicial.
El problema más evidente, todavía sin resolver, es la existencia de siete de estos automóviles intervenidos judicialmente en la avenida de la Constitución, en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil y en la zona de aparcamiento colindante con el parque de la Dehesa, muy concurrido por niños, ancianos, familias y jóvenes, especialmente durante el verano.
Se trata de turismos de varias marcas: Renault, Peugeot, Seat y Citröen, uno de ellos con matrícula francesa, a los que, en su mayoría, les han sustraído ruedas,espejos retrovisores y otros elementos, después de romper las lunas, por lo que hay muchos cristales en su interior e incluso en la calle. Además su estado general es muy sucio, ya que los estorninos y otras aves se han cebado en ellos, con sus excrementos, e incluso la tapicería de alguno aparece quemada.
El presidente de la Audiencia ha admitido que un perito de este tribunal provincial ha realizado un informe donde, efectivamente, recoge el mal estado de gran parte de estos vehículos.
La solución definitiva que alivie a los vecinos de este riesgo en las calles y parques de la ciudad es que los respectivos juzgados, cuyos titulares decidieron en su momento la inmovilización de los vehículos, adopten ahora medidas para enviarlos al nuevo almacén de depósito o a un desguace, con el informe correspondiente de la Fiscalía, pues el fiscal jefe, Antonio Silva, también está al corriente.
Pando recordó que, debido a la alarma social y a la denuncia pública realizada desde el movimiento vecinal, hubo reuniones entre la alcaldesa, la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz, y la secretaria coordinadora de apoyo a los órganos judiciales de Segovia, lo que ha llevado a que finalmente la Gerencia Territorial de Justicia, que tiene su sede en Valladolid, haya alquilado una nave, al igual que ocurre en otras provincias.
El presidente de la Audiencia admite que “no es descabellado” que algún propietario, a quien en su momento se inmovilizara el vehículo por orden judicial, haya reclamado una indemnización, al recibir el mismo en mal estado una vez resuelto el proceso.
