Después del éxito abrumador de las consultas separatistas del pasado domingo en Donetsk y Lugansk, que recibieron un 89 y un 96 por ciento de respaldo respectivamente, ambas regiones se declararon ayer oficialmente independientes como repúblicas populares.
La primera de ellas, que contó con una participación en el referéndum del 75 por ciento, fue más allá e, incluso, solicitud a Rusia la anexión. «En base a la voluntad del pueblo y de la restauración de una justicia histórica, pedimos a la Federación Rusa que considere la absorción de la República Popular de Donetsk», declaró uno de sus líderes, Denis Pushilin.
«El pueblo de Donetsk siempre ha formado parte del mundo ruso. Para nosotros, la historia de Rusia es la nuestra», agregó, si bien la votación no contemplaba la adhesión al país vecino.
En Lugansk, por su parte, optaron por hacer las cosas con más calma. Así, un dirigente separatistas anunció que la región no participará en las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo y que podría celebrar un nuevo referéndum sobre su posible integración al Kremlin.
«A día de hoy, somos ahora la República de Lugansk, que cree que es inadecuado y quizá incluso estúpido celebrar unos comicios presidenciales», manifestó en ese sentido.
Asimismo, el Gobierno autonómico afirmó que pedirá a la ONU que reconozca su independencia e instó a Kiev a hacer «cambios constitucionales» para iniciar «el proceso de federalización».
«Exigimos a las actuales autoridades que sigan la voz del pueblo y hagan los ajustes constitucionales necesarios», indicó el Gabinete. De otra forma, advirtió, «la responsabilidad de romper el país recaerá sobre ellas».
Ante esta propuesta, el presidente del Gobierno interino de Kiev, Oleksander Turchinov, aseguró que los referendos del pasado domingo han sido una «farsa» organizada por Rusia para desestabilizar el país e impedir la celebración de las elecciones presidenciales, así como para derrocar a las autoridades nacionales, aunque advirtió de que las consultas no tendrán consecuencias legales y sus organizadores serán perseguidos.
«No es nada más que una propaganda encubriendo asesinatos, secuestros, violencia y otros delitos graves», aseveró.
También el primer ministro, Arseni Yatsniuk, instó a Rusia a «parar de financiar a terroristas» y avisó de que «cualquier plan dirigido a obstruir o socavar» los comicios del 25 de mayo «fracasará», si bien admitió que «puede ser difícil celebrarlos en algunos territorios de Lugansk o Donetsk».
En este sentido, instó al Kremlin a «pedir» a los separatistas «que depongan las armas y liberen los edificios que han ocupado». «Solo entonces, habrá calma en Ucrania», defendió el premier.
Además, dejó claro que su Ejecutivo está «haciendo todo» lo que puede «para garantizar unas elecciones libres y justas» y defendió que «todavía tenemos algún tiempo» para la cita con las urnas y «la situación debería haberse estabilizado para entonces».
Ajeno a las acusaciones de los dos principales mandatario ucranianos, el Kremlin manifestó su «respeto» al «deseo del pueblo» e instó a celebrar un diálogo entre separatistas y las autoridades. Una posibilidad que fue descartada desde Kiev, mientras Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) reiteraron su rechazo al referéndum al considerlo institucional.
Castigos
Mientras tanto, los ministros de Exteriores de la UE acordaron nuevas sanciones contra Rusia por su papel en la crisis ucraniana. Las medidas afectarán a 13 personas, que no podrán entrar en territorio europeo y que verán sus cuentas congeladas, y, por primera vez, a dos empresas.
Esas firmas son de Crimea, aunque fueron nacionalizadas por Moscú.
Los Veintiocho dieron luz verde a la ampliación de la lista de castigados, confirmando así el acuerdo alcanzado previamente a nivel de embajadores, que ya llegaron a un principio de consenso la semana pasada para poder ampliar la base jurídica de las sanciones con el objetivo de poder castigar a empresas confiscadas a la península del Mar Negro.
Por su lado, el presidente de la OSCE, Didier Burkhalter, calificó de «inconstitucional» el referéndum celebrado en Donetsk y Lugansk y aseguró que es «una de las peores acciones que podrían empeorar las cosas». «Es muy importante que no haya ninguna provocación más», agregó.
