El Plan de Eficiencia Energética puesto en marcha por la Diputación Provincial este año ha analizado en un mes más de 50 inmuebles en 9 municipios de la provincia. La empresa Creara, que lleva a cabo el inventariado eléctrico de la provincia, estudiará en los próximos meses los edificios públicos de los 208 pueblos de la provincia para la posterior elaboración de las correspondientes auditorías energéticas. Para ello se ha contratado a diez personas.
Los municipios visitados hasta el momento y el número de inmuebles que se están estudiando en cada uno son: Valverde del Majano (7), Fuente de Santa Cruz (2), Trescasas (4), Mozoncillo (2), Aguilafuente (5), Chañe (1), Cuéllar (18), Hontalbilla (2) y El Espinar (13). Esta semana continúan los trabajos, en la localidad espinariega y en Zarzuela del Monte.
Está previsto realizar auditorías a los más de 500 inmuebles público de la provincia (entre casas consistoriales, centros culturales, centros asistenciales y centros de enseñanza) y en todo el alumbrado público, que en la actualidad consta de 36.000 puntos de luz.
Ahorro
Como se recordará, el plan provincial de eficiencia energética promovido prevé un ahorro de hasta el 50 por ciento para los ayuntamientos segovianos en el gasto por consumo de energía eléctrica. El proyecto tiene un presupuesto de 172.425 euros, y su objetivo final es conocer “cómo se encuentran a nivel energético nuestros pueblos, y qué volumen pueden ahorrar, bien mediante la realización de determinadas obras, o por actuaciones más sencillas”, explicó en la presentación del proyecto el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez.
Se ha habilitado una web en la que se pueden encontrar todos los datos que se vayan recogiendo y que será accesible a los técnicos municipales y de la Diputación, aunque no se descarta que puedan acceder a determinados aspectos de la misma otros colectivos. La adjudicataria dará además soporte a la Oficina de Energía del Vicam, gestionando la información del plan, dando soporte a los alcaldes y tomando las molestias que sean necesarias. Se pretende crear un único distrito energético, “que nos permita buscar las mejores fórmulas para financiar las medidas que haya que adoptar, y que buscaremos tanto a nivel nacional como europeo”, explicó el director general de Creara, Rodrigo Morell, en la presentación del proyecto.
Certificado
Desde el pasado 1 de junio las viviendas en venta o en alquiler deben disponer de un certificado de eficiencia energética. De no ser así, los propietarios pueden ser multados con sanciones que van desde los 300 hasta los 6.000 euros, según el Real Decreto aprobado el pasado 5 de abril, que se completó posteriormente con varias enmiendas en el proyecto de Ley de reforma de la rehabilitación. Este certificado especifica mediante una escala de siete letras, de la A a la G, el nivel de emisiones de CO2 en comparación con las dimensiones del edificio.
La eficiencia energética se calcula midiendo la energía consumida todos los años en condiciones normales de uso y ocupación. Para ello se tienen en cuenta todos los servicios utilizados de manera habitual, como la calefacción, la refrigeración, la ventilación, la producción de agua caliente sanitaria y la iluminación, a fin de mantener las condiciones de confort térmico y lumínico y sus necesidades de agua caliente sanitaria y calidad de aire interior.
La obtención del certificado no resulta obligatoria para los pisos arrendados durante menos de cuatro meses, edificios aislados con menos de 50 metros útiles, edificios y monumentos protegidos en los que se altera su carácter o aspecto, lugares de culto o religiosos, construcciones provisionales (para menos de dos años) y la parte no residencial de edificios industriales y agrícolas.
