La empresa privada Fomento Territorial S. L. ha sido condenada a abonar más de 4,7 millones de euros a Segovia 21, la sociedad participada mayoritariamente por la Diputación y promotora del parque empresarial, residencial y de ocio que comenzó a levantarse en el término municipal de Palazuelos de Eresma.
De acuerdo con la sentencia que ha dictado el Juzgado de Instrucción número 1, se realizaron pagos indebidos por el contrato de gestión que se estableció entre Segovia 21 y la empresa, con sede en Madrid. La sentencia, que puede ser recurrida, fue notificada ayer a las partes.
En el fallo judicial se estima parcialmente la demanda de Segovia 21 que reclamaba 5.323.277,98 euros más IVA e intereses por cantidades indebidamente percibidas; y daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de presentación de servicios”. Mientras se cruzaba otra denuncia por parte de Fomento Territorial para reclamar 287.104,06 euros más intereses a Segovia 21 por facturas pendientes por servicios prestados entre abril y octubre de 2012.
Fue en esta fecha cuando entró un nuevo equipo gestor a esta sociedad participada mayoritariamente por la Diputación de Segovia. Además, reclamaba la resolución del contrato de arrendamiento de servicios firmado en septiembre de 2002 y sus sucesivas prórrogas (2005 y 2009), así como la devolución de un aval prestado por el Banco Sabadell por un importe de 95.724,27 euros.
En consecuencia, de la suma de estimaciones parciales, el juez, en su fallo, declara resuelto el contrato de arrendamiento que, incluyendo las prórrogas, mantuvo vigente la relación entre ambas sociedades desde el 4 de diciembre de 2002 hasta octubre de 2012. Y lo más importante, por el coste económico que supone, condena a Fomento Territorial a devolver 4.187.782,081 euros más IVA a Segovia 21, lo que supone en total más de 4,7 millones de euros.
Además Segovia 21 deberá devolver a Fomento Territorial el citado aval prestado por el Banco de Sabadell; a la vez que el juez ordena a Fomento Territorial entregar a Segovia 21 toda la documentación de la que disponga que sea de titularidad de esta última, tal como recoge la sentencia.
El conflicto arrancó a finales de 2012 cuando se cambió el equipo gestor que llevaba la sociedad, y que encabezaba Atilano Soto como consejero delegado; y Jesús Sánchez, como director. En su lugar se puso a la sociedad Verae, capitaneada por Javier de la Orden y David López, en la vertiente jurídica, y Adolfo López, en la económica y financiera, a dirigir la entidad.
A continuación se presentó en la Fiscalía la documentación al detectar posibles pagos indebidos. El Ministerio Público abrió entonces una investigación y llamó a declarar a todo el Consejo de Administración.
El portavoz de la sociedad Verae, Javier De la Orden ha recordado que Fomento Territorial es titularidad de Elías Benatar. Segovia 21 y Fomento Territorial firmaron varios contratos que De la Orden definió ayer, en declaraciones a los periodistas, como «complejo». Establecía, según dijo, tres conceptos retributivos vinculados con la gestión, la urbanización y los gastos de proyecto.
El administrador único ha manifestado que lo esencial en estos momentos es que se cumpla la sentencia, que no es firme pero sí ejecutable provisionalmente, lo que otorgaría una liquidez «muy necesaria para dar viabilidad a Segovia 21». En declaraciones recogidas por Europa Press, ha indicado que se debe estudiar también quiénes de los anteriores gestores pueden ser responsables de los pagos indebidos. «No tenemos mucha esperanza en que de esa ejecución provisional se pueda obtener la liquidez que fija la sentencia, porque a la vista de las cuentas de Fomento Territorial mucho nos tememos que es una sociedad totalmente despatrimonializada», ha aseverado.
Junto a la sociedad Fomento Territorial, su responsable Elías Benatar es también presidente de otras sociedades como Proviso (Desarrollo Urbano), es consejero de Transdev, y presidente de DPS (Dynamic Park Systems).
