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En mayo será juzgado el jefe de Control de Residuos de la Junta

por Redacción
15 de septiembre de 2014
en Castilla y León
Ciertos tipos de vertidos

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El jefe del Servicio de Control de la Gestión de Residuos de la Junta, Agustín Barahona Martín, ocupará el banquillo de los acusados el día 25 de mayo de 2015 como presunto autor de un delito de prevaricación relacionado con la “pasividad” mostrada durante años en los que habría hecho caso omiso de sus funciones para promover la descontaminación de una finca utilizada por la antigua ‘Nicas’ para fabricar fertilizantes en Santovenia de Pisuerga.

La vista, según informaron fuentes jurídicas, se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid y, en principio, se prolongará hasta el día 26, dos días donde se juzgará la presunta actuación delictiva de Barahona Martín, quien, con carácter provisional, se expone a una petición de la Fiscalía que se eleva a ocho años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público.

El señalamiento del juicio se produce después de que Juzgado de Instrucción número 4 dictara un auto de imputación en octubre de 2013, ratificado en marzo del presente año por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana.

La actuación presuntamente delictiva del funcionario guarda relación directa con la actividad de la mercantil ‘Nitratos Castilla S.A.’, posteriormente denominada ‘Fertiberia’, centrada en la fabricación de fertilizantes cuyos residuos generados fueron vertidos, en parte, en los huecos producidos por la actividad extractiva en una antigua cantera de carbonato cálcico ubicada en el polígono ‘Corrales’, en Santovenia, propiedad de dicha sociedad.

Aunque el 24 de noviembre de 2006 la empresa remitió al servicio del que era jefe el imputado un Estudio de Calidad del Suelo de la referida cantera, elaborado por ‘Hera AG Ambiental’, a fin de obtener de la Junta permiso para retirar los residuos y la limpieza de los suelos, así como para la eventual declaración de suelo contaminado, a lo que adjuntó el 19 de junio de 2007 toda la documentación original requerida, Agustín Barahona Martín, “con total dejación de sus funciones”, no adoptó decisión alguna para su tramitación.

“Ni ordenó la incoación formal del expediente, ni efectuó comunicación a la empresa promotora del mismo ni encargó el examen de la documentación técnica a los especialistas del servicio, lo cual impidió la retirada de los residuos y/o la eventual declaración de suelo contaminado, careciendo este comportamiento dilatorio de total justificación”, tal y como advierte Fiscalía en su escrito acusatorio.

Sanción

Esta “pasividad” del imputado se habría mantenido a lo largo de cuatro años, lo que fue determinante para que los residuos peligrosos en cuestión sigan en el mismo enclave, aun cuando Fertiberia había sido sancionada por la Confederación Hidrográfica del Duero”, incidió la acusación pública respecto de los 10.000 euros de sanción impuestos por la CHD ante vertidos peligrosos susceptibles de contaminar el dominio público hidráulico, ya que la parcela está situada en la cuenca del río Pisuerga, a unos 3 kilómetros al Oeste, y en su entorno se hallan otros cursos fluviales de menor importancia como el arroyo del Val o el Junquero.

El vertido en cuestión, unas siete balsas sin impermeabilizar, es, fundamentalmente, de hidrocarburos totales de petróleo, habiéndose detectado concentraciones significativas de xilenos, naftaleno, arsénico y otros metales (zin, cadmio, cobre, mercurio, plomo y bario), que por sus características ni se diluyen ni desaparecen.

Pues bien, en el estudio de ‘Hera AG Ambiental’ encargado por la propia empresa se hacía constar que los residuos vertidos generan un riesgo potencial cancerígeno y tóxico, asociado a la carga contaminante del suelo, para las vías de exposición de contacto e ingestión, y peligro potencial tóxico para las vías de exposición de inhalación de volátiles y partículas en espacios abiertos.

Riesgo

La firmante del estudio ya advertía entonces de que dichos residuos plantean un “riesgo inaceptable para la salud humana” para los dos usos futuribles del suelo considerados (industrial y parque público), al tiempo que se estimaba que el suelo contaminado alcanzaba los 7.828 metros cúbicos.

Como ejemplo del estado de la finca en cuestión, el Ministerio Fiscal hizo referencia a un episodio ocurrido el día 7 de septiembre de 2011, fecha en la que un motorista que transitaba por la zona, en la que no había vallado ni señal de peligro alguno, se vio sorprendido cuando al entrar en lo que creía una explanada de tierra comenzó a hundirse y terminaron tanto él como su moto impregnados en brea.

De hecho, este suceso alertó nuevamente del estado de la antigua cantera, determinando la incoación de la presente causa.

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