Las dos detenidas por el crimen de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, podrían ser condenadas, como mínimo, por un delito de homicidio penado con hasta 20 años de cárcel.
Ambas, Montserrat González, autora confesa de los disparos que provocaron la muerte de la también presidenta del PP leonés, y su hija Montserrat Triana Martínez, fueron conducidas en la madrugada de ayer a la cárcel de Villahierro, en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas. La jueza decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Su ingreso en prisión llegó después de que las dos declararan durante más de ocho horas ante el juez. La primera en hacerlo fue la madre, desde las 20.00 hasta las 24.00 horas; y luego fue el turno de la hija, desde las 24.00 hasta las 04.15 horas.
Tras escuchar ambos testimonios, y atendiendo a la petición del fiscal, el juez acordó prisión preventiva al darse varias circunstancias graves como son el riesgo de fuga y la posibilidad de sustraerse a la acción de la Justicia, por el alto numero de años de prisión que conlleva el posible delito cometido.
Además, también consideró que existe la posibilidad de obstruir o interferir en la investigación de los hechos delictivos, al existir una tercera persona implicada que en este momento está en libertad y que se trata de un agente de la Policía Local de León, amiga de la hija.
En este momento, los delitos que se podrían imputar a las mujeres son homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas.
A pesar de conocerse todos estos datos, el contenido de las primeras declaraciones no pueden ser revelados a causa del secreto de sumario y de estar implicada una tercera persona.
Lo que sí ha transcendido es que las mujeres compraron las armas a un toxicómano de Gijón hace más de un año, tiempo que lleva fallecido. También se conoce que el día del crimen no era el primero en el que intentaron matar a Carrasco y que hubo varias intentonas frustadas porque la líder del Partido Popular en la capital leonesa casi nunca iba sola o andando. De hecho, ya lo tenían hablado desde principios de 2012.
Por otra parte, la Policía Local de León abrió un expediente disciplinario a la agente implicada. Esta medida incluye la suspensión de empleo y sueldo durante dos meses, aunque podría prorrogarse. La actuación del Consistorio dependerá en un futuro de cómo evolucione el proceso judicial abierto en el que la policía está imputada por entregar el arma homicida 30 horas después de que se perpetrara el suceso. Mantenía una relación personal con la hija detenida.
El padre, al que todas las investigaciones excluyen de los hechos, será trasladado a Asturias, aunque aún no se conoce el cargo que ocupará.
