La Mesa del Parlament recurrirá sin unanimidad la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) de absolver de la comisión de delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita a los 19 acusados de asediar el Parlament el 15 de junio de 2011 durante una protesta contra los recortes.
La reunión del órgano gestor de la Cámara ha abordado este debate este martes, y, aunque la decisión definitiva se tomará oficialmente hoy miércoles en una nueva reunión, todos los grupos representados a excepción de ICV-EUiA -en la Mesa no están C’s y CUP- han apostado por presentar el recurso.
Tanto los ecosocialistas como la CUP, que han mostrado su rechazo al recurso, han pedido la convocatoria de una Junta de Portavoces para que todos los grupos puedan debatir sobre los pasos a seguir por el Parlament, una tesis que comparte C’s, aunque ellos sí ven con buenos ojos el recurso.
En declaraciones a los periodistas, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha criticado el fallo de la Audiencia ya que, a su juicio, menosprecia los hechos vividos por los diputados: «No digo que se burlen, pero le dan poca importancia».
A De Gispert le han respondido el diputado de la CUP David Fernández y la portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, que han rechazado que el Parlament recurra la sentencia y han subrayado que este caso nunca tuvo que ser juzgado por la Audiencia Nacional.
«Intentaron imputar unos cargos a sabiendas de que eran falsos», ha censurado Fernández, que ha deplorado que el Parlament y la Generalitat hicieran el ridículo yendo de la mano del sindicato Manos Limpias para llevar a 20 jóvenes ante lo que ha definido como un tribunal de excepción.
Camats ha remarcado que los ecosocialistas no avalan la presentación de este recurso porque consideran que este caso nunca debió haber llegado a la Audiencia Nacional, y ha pedido explicaciones al entonces conseller de Interior, Felip Puig, por un dispositivo policial que el fallo pone en entredicho.
Por su parte, el Gobierno catalán ha anunciado que recurrirá la sentencia, según el portavoz del Govern, Francesc Homs, que, pese a destacar que respetan la sentencia, han decidido recurrirla al contener aspectos que no comparten. «Hay un contraste con lo que todo el mundo vio y los hechos que se consideran no probados. No se trata de buscar culpables, pero sí hay que dar el mensaje de que hay cosas que no pueden pasar y no estamos dispuestos a que pasen», ha expuesto.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo. El Ministerio Público considera que la sentencia incurre en una infracción de ley y que en ella se vulnera el precepto constitucional incluido en el artículo 24, en el que se reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.
