Los miembros del Consejo de Administración no eran conscientes de que les grababan las reuniones de trabajo que celebraban en la entidad de ahorro. Así lo mantiene una mayoría, que contradice la versión manifestada por los máximos responsables de este órgano de Gobierno, tanto por quien fue su presidente, Atilano Soto, como por su director general en 2012, Fernando Tapias.
El caso de la hipoteca del Torreón continúa revelando las diferencias internas, y las distintas versiones manifestadas al juez que instruye esta causa.
Atilano Soto se mostró rotundo a la hora de afirmar que todos los Consejos de Administración se grababan en un soporte informático. “Sí todos, a partir de 2010”, que fue cuando se comunicó a los consejeros “que dada la situación bancaria, social y financiera, y dado todo este magma… que se levantó se grabarían los Consejos”, aseguró al magistrado. “Es un medio técnico para que el secretario que levanta las actas, tenga la mayor seguridad en su redacción, que luego se pasa a los consejeros”, explicó el ex presidente.
Las actas resultantes de la grabación y de las notas que tomaba el secretario, eran leídas por éste en alto a los miembros del Consejo en la reunión siguiente, que era cuando dichas actas se daban por aprobadas definitivamente.
Sin embargo, la última reunión del Consejo de Administración, que tuvo lugar en julio de 2012, se plasmó en un acta que no fue ratificada por los consejeros. De hecho esa disconformidad es la que dio lugar a que algunos presentaran la denuncia en el Juzgado. Todo cuando comprobaron que se había hipotecado el Torreón de Lozoya y otros inmuebles que pertenecían a Caja Segovia.
La misma teoría de la grabación de los consejos la ratificó el director general de la entidad en 2012, cargo que compatibilizó con el de secretario de actas. Fernando Tapias informó al juez de que desde el 14 de junio de 2010 se grababan los Consejos. Ese día se advirtió a los consejeros de que a partir de esa fecha se grabarían “a efectos de la redacción de las actas”, dijo. Tapias fue quien redactó la última acta, la del 17 de julio de 2012. “No es literal, pero sí en términos generales”, relató al magistrado en su declaración.
Por contra, han sido varios los consejeros que defienden que no eran conscientes de que se registraban las reuniones con los comentarios de quienes intervenían. Uno de ellos, Fernando Aceves, fue tajante: “Ahora es cuando sé que se grababan los consejos”, aseveró al juez.
Este consejero, que se incorporó como tal en el año 2007, recuerda que tan sólo en el año 2010 se les advirtió de que el Consejo de ese día iba a grabarse. Se trataba de aprobar la integración en el SIP con Caja Madrid.
La misma idea manifestaron aquellos integrantes que se fueron incorporando con posterioridad al Consejo en sustitución de quienes fueron abandonando.
Y la misma explicación ofreció el que fue secretario del Consejo, Miguel Ángel de Vicente, quien además encabezaba la denuncia en la Fiscalía. “Nunca se nos avisó de que se grababan, salvo en una ocasión, en la que se adoptó el acuerdo de integración en Bankia, en 2010”. Fue precisamente Miguel Ángel de Vicente quien reveló la posibilidad de que estas grabaciones se mantengan pero han desaparecido, tal como le indicaron en Caja Segovia cuando fue a recogerlas para su revisión.
Pero el entonces secretario de actas manifestó al juez que se destruían una vez que se aprobaban las actas de forma definitiva.
De este modo la única grabación que existe es la referida al Consejo del 17 de julio de 2012, cuyo contenido no fue aprobado por no haberse celebrado con posterioridad ninguna otra reunión.
El caso continúa abierto.
