De manera subsidiaria, el Ayuntamiento de Segovia podrá acometer a partir del próximo mes de septiembre el derribo de los miniapartamentos ilegales construidos entre 2005 y 2006 en una huerta del valle del Eresma, según explicó a EL ADELANTADO el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera.
Como se recordará, el pasado mes de abril, la alcaldesa, Clara Luquero, dio a conocer el fallo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que confirmaba la condena a la sociedad Hontanilla de Santo Domingo, promotora de las actuaciones realizadas en la citada huerta, situada junto al paraje de Santa Cruz, en la calle Los Molinos.
En la misma se da por buena una sanción municipal de 2010 por una infracción urbanística calificada como “muy grave”, con la salvedad de que reduce el importe a pagar tanto por la sociedad como por los técnicos que intervinieron en ese proyecto. En este sentido, también obliga a la sociedad a restablecer la legalidad, dejando las edificaciones existentes tal y como contemplaba la licencia municipal otorgada en 2005.
Diferentes técnicos municipales y peritos independientes constataron en el lugar la existencia de 46 miniapartamentos —16 ejecutados y el resto pendientes—, aprovechando unos muros de contención que sí contempla la licencia.
A mediados del pasado mes de mayo, el Ayuntamiento requirió a la sociedad sancionada para que en el plazo de tres meses procediera al derribo de las citadas edificaciones ilegales. El plazo se cumple esta misma semana sin que se haya procedido a restablecer la legalidad. Por ese motivo, desde la Concejalía de Urbanismo, que ya realizó una valoración de las obras de derribo por importe de 60.000 euros, debe ahora, en el plazo de un mes, comunicar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia la propuesta de acometer subsidiariamente esa intervención en la huerta del valle del Eresma.
Reguera, que cuando atendió a EL ADELANTADO hablaba de memoria al no encontrase en su despacho, indicó que la forma de actuar es enviar un suplicatorio al Juzgado para que el juez autorice esas obras.
Sin embargo, el Ayuntamiento repercutirá el coste del derribo de los miniapartamentos a Hontanilla de Santo Domingo; es decir, esos 60.000 euros se sumarán a la sanción por la infracción “muy grave”, que fue fijada por el Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ en 350.000 euros.
Expediente El expediente municipal, entre otras medidas, niega la legalización de una pequeña caseta que no incluía el proyecto, un tercer muro de hormigón, igualmente no amparado por la licencia, manchones de ladrillo —acabados de las fachadas de los muros de contención— y todas las obras que perseguían hacer habitables el interior de los huecos practicados en los taludes sirviéndose de los dos muros autorizados. Como medida cautelar contempla el relleno con tierra de esos espacios adaptados para ser habitados, paso previo al sellado con un muro de fábrica, que sí está autorizado.
