La manifestación celebrada en las principales ciudades chilenas para exigir una mayor participación de estudiantes y profesores en la reforma educativa que prepara el Gobierno de Michelle Bachelet se saldó con un total de 82 detenidos.
El general Alejandro Olivares detalló que un total de 73 personas fueron detenidas por desórdenes simples, seis por la tenencia de elementos incendiarios y cócteles molotov, uno por tenencia de arma blanca y dos por daños calificados.
Asimismo, el general Olivares aseguró que dos miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, uno por el impacto de una piedra en un tobillo y el otro por el impacto de trozos de vidrio en su cara.
Por su parte, el Intendente Claudio Orrego condenó los episodios de violencia vividos tras la protesta, si bien destacó que la manifestación fue pacífica. Orrego dijo que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue desalojada durante las protestas a petición del decano.
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) cifró en 80.000 los asistentes a la marcha de Santiago, mientras que el Gobierno aseguró que solamente participaron 25.000 personas en la protesta capitalina.
Todas las marchas trascurrieron de forma pacífica, incluida la de Santiago. Sin embargo, al término del recorrido por el centro de la capital, grupos de encapuchados atacaron a los efectivos de Carabineros, dando lugar a pequeños disturbios.
El objetivo de estas marchas era reclamar un papel más activo de estudiantes y profesores en la discusión de la reforma educativa. “El debate tiene que ser con el movimiento social, que fueron los que pusieron la necesidad de una reforma educativa en la palestra”, dijo el vicepresidente de la FECH, Sebastián Aylwin, según la agencia británica de noticias Reuters.
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Desde hace tres años, estudiantes y, en menor medida, profesores chilenos están tomando las calles del país suramericano en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad que termine con el actual sistema de financiación a través de créditos de la banca privada.
El clamor de la comunidad educativa chilena obligó al expresidente Sebastián Piñera (2010-2014) a aprobar una reforma educativa y una reforma fiscal para financiar la primera y que, según estudiantes y profesores, no solucionó los problemas del sector.
La reforma educativa de Piñera permitió, como gran avance, que el Estado asumiera la gestión de los créditos bancarios en la enseñanza universitaria con mejores condiciones que las ofrecidas hasta entonces por la banca privada a los estudiantes.
Pero los estudiantes rechazaron esta propuesta porque no respondía en ningún caso a sus deseos de que el país chileno tuviera una educación pública y gratuita ya que, aunque mejoró el sistema existente, aún obliga a los alumnos a recurrir a créditos para financiar la educación universitaria.
Bachelet, que volvió a La Moneda el pasado 11 de marzo, lleva en su programa de Gobierno una reforma educativa que sí colmaría las demandas de estudiantes y profesores, aunque éstos ya repudiaron las tres primeras medidas.
Los estudiantes expresaron sus “dudas” al considerar que su propuesta de reforma educativa es “ambigua” y que está dominada por una “visión económica”. Además, pidieron un proyecto de ley integral, en lugar de tres independientes.
