Durante las última fechas, los productores de pollos se han movilizado contra la política de algunos grandes grupos de la distribución por vender a unos precios que se hallan muy por debajo de lo que son los costes de producción cifrados, según los estudios del propio Ministerio de Agricultura, en 2,73 euros/kilo desde que un animal sale de la granja hasta que el mismo llega a los consumidores.
Hace unos meses, por un motivo similar, se producían las mismas protestas por parte de los productores de conejos, denuncias que suponen una continuidad sobre las que, campaña tras campaña, lanzan los productores de aceite o los productores de leche por venta a pérdidas o por los precios abusivos de oferta a la baja.
Una de las notas más destacables de la crisis económica, en lo que se refiere a la demanda de bienes de gran consumo, ha sido el desarrollo por parte de la distribución de una política encaminada a disponer de una oferta barata para los productos básicos de la cesta de la compra. Esta estrategia de la gran distribución para mantener la demanda se habría sustentado en dos patas. Una primera, la estabilidad en los precios de los productos elaborados con marca de fabricante. Una segunda, el fuerte incremento de las ventas de los productos baratos con marca blanca o de la distribución. En ambos casos, para apoyar esta política, la falta de oferta nacional suficiente en esas condiciones se ha sustituido con importaciones baratas procedentes en su mayor parte de terceros países o desde otros Estados de la UE, en caso de producciones excedentarias, como leche o quesos.
Consecuencia de esas estrategias, en líneas generales, se ha logrado una cierta estabilidad en la demanda de los productos básicos, algo que, desde una perspectiva política, se puede considerar un dato positivo. Desde los planteamientos del Gobierno, ha sido igualmente un dato muy favorable el mínimo incremento del IPC.
Sin embargo, los efectos de esa estrategia se están convirtiendo en una peligrosa carga, tanto para una parte muy importante de las industrias alimentarias, como para los agricultores o ganaderos, que al final son quienes pagan con bajadas de los precios las políticas para mantener barata la cesta de la compra.
En el sector subsisten los dos problemas que le han perseguido desde siempre: uno, su falta de organización a la hora de comercializar sus producciones, lo que le hace depender de los intermediarios; dos, la debilidad que le da tener una oferta de productos perecederos o con fecha de salida, con los que no es posible negociar sine die. La existencia en el sector agrario de casi 4.000 cooperativas no ha sido impedimento para que el sector siga dependiendo de esa cadena de intermediarios a la hora de comercializar sus productos. Si se trata de productos frescos, tanto agrícolas como ganaderos, los pequeños productores tienen la necesidad de ponerse en manos del conjunto de escalones donde se queda la mayor parte del valor final pagado por el consumidor. Según datos elaborados por la Comisión, el valor del producto en origen cada vez tiene menos peso en el precio pagado por los consumidores finales hasta suponer, como media, solo poco más del 20%.
Sobre el papel, esa situación se podía superar a través de una concentración en la oferta, la integración cooperativa. Sin embargo, cuando las cooperativas se han concentrado, ello no ha hecho desaparecer el problema para los productores ante el proceso de cambio habido en la distribución. En este caso, con la oferta más concentrada, en lugar de depender de los intermediarios tradicionales, el campo ha pasado a depender de las políticas de compra que manejen los grandes grupos de la distribución con capacidad para imponer precios en función de sus estrategias hacia los consumidores.
Con motivo de las recientes batallas de los granjeros, en medios de la gran distribución se considera que, en el caso del pollo, se halla más concentrada la producción que la propia gran distribución. Es cierto que unos pocos grupos como Guissona, Coren, Sada, Uvesa o Agropecuaria de Navarra concentran una parte importante de la oferta. Sin embargo, no se puede obviar que la capacidad negociadora del sector para defender un precio, choca con que se trata de un producto como el pollo vivo que tiene un peso y una fecha fija de salida de granja y que no se puede prolongar para no incurrir en pérdidas. Segundo, la amenaza de las importaciones baratas sustitutivas desde terceros, donde hay países con unos costes inferiores comenzando por los salarios y terminando por el nivel de exigencias en materia de sanidad y bienestar animal.
Frente a este escenario en un mercado libre donde las fronteras están abiertas y donde los grandes grupos de distribución que operan con centrales de compras en muchos casos para toda la UE, desde la Administración se han tratado de encontrar salidas que ofrezcan un cierto equilibrio entre los intereses de cada una de las partes. Desde una perspectiva legal, destaca la entrada en vigor este año de la ley de la Cadena Alimentaria por la que el Gobierno quiere clarificar este asunto, desde que sale un producto en origen hasta que llega al consumidor para lograr un equilibrio entre los intereses de todas las partes. Con el mismo objetivo de lograr ese equilibrio, el Ministerio suscribió en los últimos años dos convenios en los sectores del aceite y de la leche por los que industriales y la gran distribución se comprometían a no utilizar los productos como reclamo barato, banalizando los mismos y a unos precios que amenazaran la sostenibilidad de los ganaderos u olivareros.
Hasta la fecha, los pactos de buena voluntad no han funcionado como se esperaba y ambos productos se mantienen como oferta de reclamo. Pero es una vía a no abandonar.
