La juez argentina María Servini ordenó la detención preventiva de una veintena de acusados por su relación con los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, entre los que se encuentra el exministro de Gobernación en el Gobierno de UCD, Rodolfo Martín Villa, o el exministro de Franco, José Utrera Molina.
La magistrada dictó una resolución en la que acuerda esta medida con fines a su extradición para tomar declaración indagatoria a Martín Villa —ministro de Gobernación entre 1976 y 1979—, a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, exjueces o un antiguo ginecólogo.
Entre los políticos, se encuentran los exministros Antonio Carro Martínez —ministro desde 1974 a 1975—, Licinio de la Fuente —vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975—, José María Sánchez Ventura —ministro en el último gobierno franquista—, Alfonso Osorio García —ministro de Presidencia entre 1975 y 1976— y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.
Jurisdicción argentina
La magistrada recordó que la Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco ‘Billy el niño’ y al excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, por estar prescritos sus delitos y que numerosos juzgados españoles han archivado este tipo de casos.
Servini, que viajó el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente para conocer de esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad.
“En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional”, dice Servini, que defiende la jurisdicción por parte de los tribunales argentinos y alude a la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.
