Los servicios jurídicos del Ayuntamiento trabajan en la elaboración de un informe que detallará la situación y posibles resultados de los diferentes procesos abiertos en los tribunales y que cuentan ya con sentencias desfavorables, firmes o en primera instancia. Estos asuntos judiciales pendientes, referidos a asuntos urbanísticos, y que llegan a remontarse, en algún caso, a casi dos décadas, pueden implicar fuertes indemnizaciones.
Aunque ni Gobierno ni oposición se atreven, al menos públicamente, a evaluar el montante que podrían suponer la ejecución de estas sentencias, fuentes consultadas estiman que, en el peor de los casos, las arcas municipales deberán hacer frente a pagos que sumarían unos diez millones de euros.
En el listado aparecen las sentencias relativas a la ladera de Padre Claret, a la calle Soldado Español, a la polémica Casa de la Parra y a las expropiaciones de la calle Jerónimo de Aliaga.
Conocedores o no de la petición de este informe, lo cierto es que el PP, en el último pleno, a través del viceportavoz popular, Juan Antonio Folgado, ya advirtió de la necesidad de que una empresa externa al Ayuntamiento realizase una auditoria para determinar los riesgos económicos para las arcas municipales asociados a la ejecución de estas sentencias. El PP fue más allá y llegó a pedir, también sin éxito, que se plantease la posibilidad de hacer una provisión de fondos para hacer frente a los posibles pagos millonarios, un petición que reiteró ayer, en rueda de prensa, el también viceportavoz popular, José Antonio Garvía.
El concejal de Urbanismo y de Economía y Hacienda, Alfonso Reguera, al igual que ya hiciera en el pleno, negó ayer esta pretensión en el argumento de que «las situaciones» se afrontarán cuando se sepa con certeza la cuantía de las indemnizaciones a pagar por el Ayuntamiento.
Informe detallado
Reguera, en declaraciones a EL ADELANTADO, explicó que su departamento ha pedido ya un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para conocer en detalle la «fotografía» de la situación actual de los procesos judiciales abiertos y, al mismo tiempo, las posibilidades de que, finalmente, los fallos judiciales no sean contrarios a los intereses municipales. «No vamos a hacer provisiones [de fondos económicos] porque el PP o el señor Garvía quieran, cuando haya un escenario concreto, tomaremos las medidas oportunas», aseguró Reguera, quien recordó que el Ayuntamiento podría, en el peor de los casos, disponer de suficientes recursos económicos a través de préstamos, al situarse su nivel de endeudamiento por debajo del 75% que marca la Ley.Aunque son varias las sentencias que amenazan las arcas municipales, dos son las que preocupan especialmente al Gobierno municipal.
La primera se refiere a la expropiación del talud de Padre Claret, que podría suponer el pago de hasta 5,6 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar otros dos millones en concepto de intereses, según aseguró ayer el PP. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, con sede en Burgos, dictó, en octubre de 2012, una sentencia que obligaba al Ayuntamiento a pagar 5,8 millones de euros por la expropiación de una finca, propiedad de la familia López Parras, entre Padre Claret y Vía Roma. Se trata del talud entre ambas avenidas que fue ocupado en su día por el Ayuntamiento para permitir la construcción del aparcamiento de Padre Claret.
El PGOU de 1984 calificaba la finca, donde no puede edificarse, por la gran pendiente del terreno y porque la zona está amparada por los decretos de protección de vistas, como de titularidad pública. Sin embargo, cuando se proyectó la construcción del parking de Padre Claret y las obras hicieron necesaria la ocupación de la parcela, para la entrada de maquinaria y acopio de materiales, los propietarios se percataron del «error» en el planeamiento urbanístico, alegaron ser sus dueños, e instaron al Ayuntamiento a que iniciara un expediente de expropiación forzosa.
Lo cierto es que el Ayuntamiento también se había percatado de esta circunstancia y en el nuevo PGOU, que fue aprobado en 2008, calificó la finca como un sistema general —un terreno necesario para la ciudad— , planteando que pasaría a titularidad municipal a través de la firma de un convenio urbanístico. En concreto, el PGOU contempla obtener la finca a cambio de entregar a la propiedad la presunta edificabilidad de la finca (0,4 por metro cuadrado) en otros terrenos municipales situados en el entorno de la Peladera.
No obstante, los propietarios desecharon esta «permuta» de terrenos y desde el principio solicitaron que les fuera expropiada. En un primer momento, la familia López Parras, reclamó al Ayuntamiento 11.160.000 euros en concepto de expropiación de la parcela. La Comisión aceptó un recurso del Ayuntamiento y rebajó el justiprecio a 109.158 euros.
En 2012, el TSJ, estimó el recurso de la familia López Parras, y cifró el coste de expropiación en 5,8 millones, con una edificabilidad de 1,8 por metro cuadrado (esto es como si se expropiara un edificio de 108 viviendas).La familia López Parras no recurrió el PGOU que califica la finca como sistema general y, en este sentido, los servicios jurídicos del Ayuntamientos sostienen que la calificación de la parcela y el posible traspaso de edificabilidad sigue vigente, siempre y cuando no fuese forzada la expropiación por los tribunales.
Aunque el Ayuntamiento recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, y todavía éste no se ha pronunciado, un auto del TSJ, del pasado 22 de abril, autorizó la ejecución provisional de la sentencia, que condenaba al Ayuntamiento al pago de 5,6 millones (deducidos los 109.158 euros por los gastos de conexión y servicios urbanísticos). Reguera explicó ayer que si los propietarios quieren recibir ahora la indemnización, y no esperar a la resolución del recurso por parte del Tribunal Supremo, deberán presentar un aval bancario por el mismo importe. Además este auto del TSJ es recurrible. El concejal de Urbanismo indicó además que el Ayuntamiento ya abonó el pasado año a la propiedad, en concepto de justiprecio, una cantidad de unos 300.000 euros. Que sea esta cantidad o casi seis millones de euros depende, aún, de los tribunales.
