Apremiado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el Gobierno municipal adoptará “en breve” una decisión sobre el derribo o legalización de la casa de la calle de La Parra. Fuentes municipales consultadas indicaron que la decisión de adoptará, casi con toda probabilidad, en la próxima junta de Gobierno local, prevista para este jueves; aunque no se descarta que el acuerdo se produzca una semana después, a la espera de completar el expediente con la opinión de los servicios jurídicos.
Como se recordará, hace un mes, el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, informó en un pleno que los servicios jurídicos y del departamento de Urbanismo estaban analizando “todas las opciones” para dar una solución al conflicto de la casa de la calle de la Parra, sobre la que pesa una orden de derribo, lo que supondría el pago por parte del Ayuntamiento de indemnizaciones millonarios a los propietarios de los del inmueble y de los garajes. Entonces Reguera llegó a asegurar que cabía desde una legalización “completa, de una parte —los garajes— o la presentación de un recurso de casación”.
Al parecer, el propósito del Gobierno municipal pasa por legalizar ‘al completo’ el edificio y así se lo comunicará al TSCyL, que, a medidos de junio, rechazó todos los recursos contra la orden de derribo, aunque abrió la posibilidad de mantener el inmueble si el Ayuntamiento acreditaba que la casa cumplía con los requisitos del PGOU. “Se han recabado todas las opiniones y se ha estudiado la vía que se puede emprender [para la legalización], al juez hay que darle una respuesta de forma más o menos inmediata y quizá haya una decisión en la próxima junta de Gobierno local”, indicaron las mismas fuentes.
La casa fue construida sobre el solar de una huerta en la calle de la Parra hace 19 años, con una licencia que concedió el Ayuntamiento, bajo gobierno del PP, con Ramón Escobar como regidor, el 13 de abril de 1993. Sin embargo, la licencia fue declarada nula el 27 de junio de 1996 por el TSJ de Castilla y León, que condenó al Ayuntamiento y a la propiedad a derribar el edificio. Con posterioridad, los tribunales emitieron sentencias en este mismo sentido; ordenando, de forma reiterada, el derribo del inmueble.
Intento fallido
Un auto del TSJCyL, de 2 de noviembre de 2010, estimó que el derribo del inmueble era procedente, en virtud de sentencias judiciales anteriores, aunque sin perjuicio de que fuera posible la tramitación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística.
A la luz de este auto, Urbanismo emitió en 2011 un informe que consideraba que el polémico edificio podía ser legalizado si la propiedad cumplía con algunas condiciones previas, como tramitar las correspondientes licencias ambientales y de apertura para los garajes y el local comercial que alberga el inmueble. Asimismo, la Comisión Territorial de Patrimonio emitió el 21 de diciembre de ese año un informe favorable a la legalización. Finalmente, la junta de Gobierno local aprobó la legalización el 5 de enero de 2012, un acuerdo que el TSCYL anuló a través de un auto fechado el pasado 25 de febrero.
