El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, se ha sumado a las investigaciones judiciales sobre la gestión de los antiguos directivos de las entidades financieras que debieron ser rescatadas, entre ellas Bankia, para aclarar si realizaron operaciones irregulares.
Así lo ha anunciado el presidente de esta entidad, Fernando Restoy, quien prevé nuevas actuaciones judiciales tras el verano, que podrían salpicar a antiguos responsables de Caja Segovia.
Esta decisión que se realiza desde Madrid se sumará a las que en Segovia están llevando a cabo los juzgados de Instrucción números 2 y 5 sobre Caja Segovia. El primero investiga las supuestas indemnizaciones millonarias percibidas por los exdirectivos en planes de pensiones y prejubilaciones; el segundo se refiere a la hipoteca que pesa sobre el Torreón de Lozoya y otros inmuebles históricos de la ciudad, y a la que no parece que pueda hacerse frente, debido a que ya no existe reparto de dividendos.
Mientras tanto, el FROB ha encargado trabajos de auditoría por parte de empresas especializadas como KPMG, Deloitte o PwC, para tratar de investigar si la debacle financiera tiene actores con clara responsabilidad.
El presidente del FROB aseguró ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados que se personará en estas causas. En este sentido considera una necesidad el “exigir responsabilidades a los anteriores gestores de las entidades que han recibido ayudas públicas por los daños y perjuicios causados”. “El FROB viene asumiendo un papel activo tanto en la detección de conductas irregulares como en el ejercicio de las actuaciones judiciales derivadas de dichas investigaciones”.
Causas judiciales
En el último trimestre, el FROB —organismo dependiente del Ministerio de Economía— se ha personado en 18 procesos penales al objeto de garantizar la correcta defensa del interés público que representa y, en especial, “de asegurar la adecuada reparación del daño”, sostiene el presidente.
En estas causas penales se investigan presuntos delitos relacionados con las operaciones de tráfico inmobiliario o con la retribución irregular de exdirectivos de las entidades que han recibido apoyo público. Algunas ya han tenido resultados, como la de Caixa Penedés, que ha conllevado una sentencia contra los antiguos gestores y directivos de la entidad catalana, lo cual ha permitido la recuperación de una suma de dinero importante. “Esperamos sigan muchos más”, señala Restoy.
El FROB ha promovido ya 90 análisis forenses financieros. Estos análisis tienen como objetivo identificar aquellas operaciones irregulares sobre las que el FROB pudiera ejercitar acciones judiciales con objeto de lograr la adecuada reparación del daño. Sobre ellos se actuará judicialmente el próximo otoño, anuncia Restoy.
Además de las operaciones de Bankia, donde se integró Caja Segovia, el FROB también está analizando la gestión llevada a cabo en Catalunya Banc, Novagalicia o en BMN (Banco Mare Nostrum).
Para llevar a cabo estas investigaciones se están teniendo en cuenta diversas fuentes como ordenadores que puedan contener evidencias; soportes informáticos, como discos duros o memorias externas, así como cualquier otro material documental; la contabilidad de las entidades; los movimientos de las distintas cuentas bancarias; los inmuebles en propiedad y encuentros con el personal involucrado en las operaciones analizadas, según se recoge una reciente presentación de una de las auditoras contratadas, KPMG.
Los análisis que se están revisando van más allá que los procedimientos usuales de auditoría, puesto que incluyen entrevistas con los implicados, averiguaciones sobre los vínculos familiares y personales de los sospechosos.
En el caso concreto de las 90 investigaciones encargadas por el FROB, uno de los elementos clave para el análisis, según fuentes del proceso, están siendo las evidencias digitales, entre las que destacan los correos electrónicos intercambiados entre los distintos responsables o antiguos gestores de las entidades.
Entre los casos que están siendo investigados se incluyen operaciones de financiación y refinanciación, renegociaciones de préstamos, cancelación de deuda, pago de comisiones, o modificación de los contratos de los directivos que alteren sus retribuciones salariales o planes de pensiones, por ejemplo.
Las operaciones más habituales bajo sospecha son las de carácter inmobiliario. Como caso típico de este tipo de fraudes se encuentran operaciones consistentes en la compra, por parte de un promotor inmobiliario de una finca rústica. Unos meses más tarde se vendía ésta finca a la entidad por un precio mucho más elevado al de la compra al agricultor, y las ganancias se repartían con el responsable de la entidad que aprobó la operación.
